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¿Cesantías en jaque?
Este jueves 2 de octubre de 2025, Medellín fue el escenario de un encontronazo judicial que puso en jaque al ministro de Educación, Daniel Rojas.
El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad ordenó su arresto por tres días y una multa de dos salarios mínimos mensuales. La causa: desacatar una orden judicial para entregar información crucial sobre la liquidación de cesantías a los docentes de la Universidad de Antioquia, una deuda que supera los 3.800 millones de pesos, reclamada con insistencia por la Gobernación de Antioquia.
Todo empezó cuando la Gobernación exigió al Ministerio documentos que certificaran el pago de estas cesantías atrasadas. Sin embargo, lejos de una respuesta completa, el Ministerio intentó esquivar su responsabilidad transfiriéndola a la Gobernación. Al recibir solo respuestas parciales, la entidad departamental interpuso una acción de tutela que encontró respaldo en la justicia. El fallo fue claro: el Ministerio debía entregar copias de los comprobantes, fallos previos y demás documentación solicitada.
Pero la realidad se torció. El Ministerio admitió que no cumplió en su totalidad con la entrega, alegando que ciertos documentos no estaban contemplados en la petición original. Esta omisión llevó al juzgado a activar un incidente de desacato, que terminó en la sanción anunciada el jueves, evidenciando una vez más la fricción entre el Gobierno nacional y la administración regional por la responsabilidad sobre las obligaciones laborales de los docentes.
Más allá de la multa o del arresto, la ciudadanía y el magisterio se preguntan: ¿quién realmente responde cuando la justicia y la burocracia entran en convulsión? La lógica administrativa choca con la urgencia social, y en medio de esta disputa, los docentes esperan que sus derechos no se conviertan en moneda de cambio político. ¿Podrá este caso desbloquear la confianza erosionada entre las instituciones y la gente que depende de ellas? El tiempo, y las próximas audiencias, darán quizá las respuestas.
