📸 Imagen cortesía Alcaldía de Medellín
¿Renovación o declive para las organizaciones comunales?
El reloj corre para las Juntas de Acción Comunal (JAC), Juntas de Vivienda Comunitaria y Asocomunales del país. La fecha límite: 13 de septiembre de 2025. Ese día deberán tener listos y actualizados sus estatutos, en cumplimiento de la Ley 2166 de 2021 y el reciente Decreto 1162 de 2024, recordó la Alcaldía de Medellín junto al Ministerio del Interior. Una tarea que no es un simple trámite, sino una condición indispensable para conservar su legalidad y mantener su papel en las comunidades.
Son más de 63.000 JAC y cerca de 1.400 asociaciones las que enfrentan este reto a nivel nacional. La exigencia nació tras las solicitudes de prórroga planteadas por entidades comunales y gobiernos territoriales, que alertaron sobre las dificultades reales en el terreno: problemas de seguridad, falta de recursos básicos y el limitado acceso a tecnologías, especialmente en zonas rurales donde la conectividad aún es un desafío persistente.
Esta actualización debe concretarse en una asamblea general, convocada bajo estrictos criterios legales. Primero, se debe cerrar anticipadamente el libro de afiliaciones. Luego, garantizar la presencia de al menos la mitad más uno de los afiliados para que haya quórum decisorio. Y, finalmente, para aprobar los cambios, es necesario un voto favorable de dos tercios de los presentes. La revisión no se limita a detalles menores: se deben ajustar la estructura organizativa, normas de afiliación y retiro, funciones de los órganos directivos, procesos electorales, régimen económico y disciplinario, control de libros, mecanismos de impugnación y la creación de comisiones de trabajo que respondan a las necesidades actuales.
Una vez los estatutos actualizados sean aprobados, la documentación debe registrarse ante la Secretaría de Participación Ciudadana correspondiente. Esto incluye el acta de la asamblea, listado de asistentes, copia de la convocatoria y, por supuesto, los nuevos estatutos. El proceso, que puede hacerse de manera presencial en las taquillas habilitadas, no está exento de desafíos para muchas comunidades que carecen de recursos o asesoría jurídica.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿lograrán estas organizaciones, pilares fundamentales del tejido social, adaptarse a los cambios sin perder su esencia ni funcionalidad? La renovación estatutaria es más que un requisito legal; es una invitación a reflexionar sobre el futuro de la participación comunitaria en un país donde el orden público y la equidad territorial siguen siendo asignaturas pendientes. El 13 de septiembre de 2025 no es solo una fecha, es un plazo para a reimaginar y, quizás, fortalecer las voces de quienes luchan desde la base. ¿Estarán listas para el reto?
