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Sanciones de JEP a exlíderes de las FARC generan polémica por trato diferenciado con la Fuerza Pública
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, encendió el debate nacional tras criticar las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a siete excomandantes de las FARC por el secuestro de más de 21.000 personas. El fallo, del 21 de septiembre de 2025, establece penas restaurativas de hasta ocho años sin privación efectiva de la libertad, lo que la congresista calificó como una “burla” y una “vergüenza” para la justicia transicional.
El proceso se dio en la JEP, donde los líderes guerrilleros aceptaron responsabilidad por delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros que, según la Fiscalía, generaron ingresos por cerca de 3,6 billones de pesos. Por el contrario, Valencia resaltó que más de 100 miembros de la Fuerza Pública, incluidos varios generales, han sido imputados y condenados en la justicia ordinaria por ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’, cumpliendo prisión efectiva.
“¿Dónde está la equidad? ¿Justicia o premio?”, cuestionó la senadora a través de su cuenta en X, señalando que los exjefes guerrilleros permanecen activos en la política con curules aseguradas mientras los agentes estatales enfrentan procesos judiciales más severos y restricciones de libertad. De acuerdo con Valencia, este fallo evidencia un trato desigual que afecta la confianza en el sistema.
Este debate se da en un contexto donde la JEP busca equilibrar la justicia transicional y la reparación, aunque genera opiniones divididas sobre su eficacia y equidad. La senadora hizo un llamado a revisar el alcance de las sanciones para garantizar que “la justicia sea igual para todos”, en tanto que la polémica sobre la jurisdicción especial continúa en el centro del escenario político y judicial colombiano.
