📸 Cortesía: gremio arrocero
¿Arroz en el laberinto?
Este miércoles 23 de julio de 2025, el paro arrocero en Colombia alcanzó una década de días sin un acuerdo definitivo entre productores y Gobierno.
En la capital, Bogotá, la mesa de negociación continúa envuelta en un ambiente tenso tras jornadas extendidas que evidencian solo avances parciales. Sin embargo, la raíz del conflicto se extiende por departamentos como Tolima, Huila, Córdoba y Meta, donde bloqueos en vías estratégicas persisten. Los manifestantes, agrupados en torno al movimiento Dignidad Arrocera y organizaciones de pequeños y medianos productores, exigen la implementación inmediata de precios mínimos para el arroz paddy verde. Para ellos, la caída constante del precio, agravada por importaciones legales y contrabando, especialmente desde Ecuador, ha provocado una crisis histórica, con millonarias pérdidas y una erosión profunda en sus ingresos.
Este rechazo se centra en la desconexión entre los acuerdos recientes pactados por el Gobierno y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) y las necesidades reales de los manifestantes. Óscar Gutiérrez, director de Dignidad Agropecuaria, expresó con firmeza a medios nacionales: “No existe la posibilidad de levantar los bloqueos porque aún no hay una negociación seria que incluya a quienes estamos en la protesta”. Esta declaración resuena como un eco de desconfianza hacia los mecanismos establecidos, subrayando la importancia de una negociación tripartita que involucre Gobierno, industriales y movimientos agrarios.
En la noche del martes 22 de julio, una jornada prolongada de diálogo dejó sobre la mesa un borrador de resolución impulsado por el Ministerio de Agricultura. Este pretende fijar precios mínimos diferenciados por regiones y establecer controles al mercado del arroz. Aun así, el sector productivo considera estas medidas insuficientes mientras no se logre un consenso integral que atienda las diversas aristas del problema. “Logramos un preacuerdo con el Ministerio sobre la resolución para fijar un precio para el arroz, pero seguimos pendientes de que la industria también lo apruebe”, añadió Gutiérrez, reflejando la complejidad de un sector fragmentado y en disputa.
Mientras los bloqueos persisten y las negociaciones se dilatan, miles de familias arrocera enfrentan una incertidumbre que trasciende el puro aspecto económico: es un vacío de confianza en las instituciones y en un sistema que, hasta ahora, no ha brindado soluciones a la altura de la crisis. ¿Serán capaces los actores convocados de construir una salida común o permanecerán atrapados en este impasse que no solo afecta al campo, sino a la mesa de millones de colombianos? El reloj sigue corriendo, y por ahora, la sombra del conflicto permanece extendida sobre los sembradíos de Colombia.
