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¿Arroz en jaque?
Este jueves 17 de julio, el campo colombiano volvió a detenerse. Cuatro jornadas consecutivas de paro arrocero mantienen bloqueadas vías en al menos diez departamentos, entre ellos Tolima, Huila y Meta.
Desde el amanecer, productores tomaron puntos estratégicos como la Troncal del Magdalena Medio y el cruce de Armero Guayabal, restringiendo el paso de vehículos a escasas horas durante la madrugada. El impacto es palpable: transporte paralizado, mercados en alerta por posible desabastecimiento y precios al alza. En regiones vulnerables, la amenaza se siente en cada amanecer.
Pero esta protesta no es solo por un precio. Atrás quedaron los acuerdos firmados en marzo con el Gobierno, que quedaron en papel mojado frente a un mercado que se desploma. Los arroceros claman por precios justos —al menos entre 205.000 y 220.000 pesos colombianos por carga—, pero también denuncian el alza de costos, el contrabando rampante y una política estatal que no responde a sus urgencias.
Líderes de Dignidad Agropecuaria advierten que la crisis erosiona la viabilidad de cientos de pequeños y medianos productores, capaces de perder hasta 2,8 millones por hectárea sembrada. Es una grieta económica que crece con cada día de paralización.
Mientras el país observa, la pregunta persiste: ¿logrará el diálogo romper este cerco y rescatar el sustento de miles? O ¿seguirá el arroz perdiéndose entre sombras de abandono y promesas incumplidas? La tierra espera, y con ella, quienes aún confían en que la justicia agrícola no quede a oscuras.
