📸 Cortesía: Aeropuerto del Café
Un litigio familiar pone en riesgo megaproyectos de infraestructura en Colombia
En las últimas horas, una disputa judicial entre los hermanos Diego Alejandro, Luis Fernando y Gabriel David Solarte, herederos del Grupo Empresarial LHS, ha generado incertidumbre sobre la ejecución de megaproyectos como la avenida 68 en Bogotá, el Aerocafé en Caldas y el aeropuerto de Tolú. El conflicto gira en torno a presuntas irregularidades en fideicomisos valorados en aproximadamente 300.000 millones de pesos.
El diferendo comenzó tras la muerte en 2012 del fundador del grupo, Luis Héctor Solarte. Los recursos involucrados pertenecen al Fideicomiso Unión Global y al Patrimonio Autónomo Derechos Económicos BTS, bajo control de los herederos. En 2017, se autorizó un préstamo de cerca de 99.000 millones desde estos fideicomisos a la empresa Sonacol, dedicada a la construcción, para la adquisición del 13,25% de la firma Autopistas del Nordeste S.A.S., administradora del contrato Conexión Norte y garantía clave para licitaciones públicas. Diego Alejandro Solarte denuncia que sus hermanos no han pagado más de 150.000 millones en intereses y que hubo falsificación de firmas para autorizar movimientos financieros irregulares.
Estas irregularidades motivaron alertas de fiduciarias como Alianza Fiduciaria y Fiduciaria Bancolombia, que invalidaron documentos y convocaron comités especiales para revisar el hecho. “Alianza Fiduciaria S.A., una vez tuvo conocimiento que hubo alteraciones respecto de la firma de sus representantes legales, procedió a citar reunión del comité fiduciario,” indicó una comunicación oficial. La defensa de Diego Solarte solicitó la intervención de organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades por presunto fraude.
Las sociedades Sonacol y Constructora LHS están participando en obras públicas estratégicas que hoy enfrentan retrasos y cuestionamientos financieros. “Si Sonacol no tuviera esa participación en Autopistas del Nordeste, sus estados financieros no cumplirían los requisitos para licitar proyectos importantes como Aerocafé,” explicó uno de los abogados de Diego Solarte, Ismael Arciniegas.
Luis Fernando y Gabriel David Solarte niegan las acusaciones y sostienen que los recursos han sido destinados apropiadamente. Su representante legal afirmó: “Esas imputaciones son falsas. Hay suficientes pruebas materiales para certificar que los fondos tuvieron una correcta destinación y fueron empleados para mantener el patrimonio.”
Ante esta compleja situación, se espera que las autoridades tomen decisiones que podrían determinar sanciones o incluso afectar el desarrollo de estas obras clave para la región. Las entidades gubernamentales continúan monitoreando el caso, al tiempo que evalúan el impacto judicial a corto y mediano plazo.
