📸 Imagen cortesía D.R.A
[¿Legalidad en pausa?]
Este miércoles 28 de junio, la Personería de Medellín sancionó a dos funcionarias de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) por irregularidades en procesos de contratación durante 2021.
La noticia sacude los pasillos de la EDU. Tatiana María Areiza Paniagua, hasta entonces directora administrativa y de gestión humana, y Lorena Álvarez Naranjo, profesional vinculada bajo la categoría Profesional B, enfrentan suspensiones que oscilan entre tres y cinco meses. La primera fue sancionada por no verificar que el aspirante cumpliera con la experiencia requerida, mientras que la segunda firmó su contrato sin reunir el mínimo de experiencia estipulado en el manual de funciones. Ambas faltas, comprobadas en el proceso disciplinario, quebrantan los principios esenciales que rigen el acceso a la función pública: legalidad, mérito y transparencia.
La investigación, sustentada en testimonios y documentos, dejó al descubierto un episodio que no sólo pone en tela de juicio la rigurosidad administrativa de la EDU, sino que falta a la confianza pública. El fallo invoca el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, y la Ley 1952, marcos legales que buscan preservar la pureza del ejercicio público, para fundamentar estas sanciones.
En un contexto donde la credibilidad de las instituciones se mide en cada decisión, la suspensión de estas funcionarias plantea interrogantes sobre las prácticas internas y el compromiso real con la calidad y legalidad en la contratación estatal. ¿Podrá la EDU retomar el camino de la transparencia sin más tropiezos? Mientras tanto, la ciudad observa, expectante, buscando respuestas que no se demoren.
