📸 Cortesía: Registraduría / Presidencia
[UN CONTRATO, UNA CONTROVERSIA]
Este miércoles 9 de julio de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó el millonario contrato para organizar las elecciones de 2026 en Colombia. La encargada será la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, liderada por la empresa Thomas Greg & Sons, por una suma que supera los 2,1 billones de pesos.
El proceso, abierto bajo la modalidad de “selección abreviada” y vigilado por organismos de control y observadores independientes, terminó con una sola propuesta formal. De 17 empresas consultadas y al menos 10 interesadas, solo Thomas Greg & Sons cumplió con los plazos para presentar oferta, mientras otras declinaron o consideraron restrictivos los requisitos solicitados.
Este contrato es clave para la organización integral de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud en octubre de 2025, Congreso en marzo de 2026 y Presidencia en mayo del mismo año. Además de la logística de transporte y seguridad de los kits electorales, incluye la inscripción de candidatos, la autenticación biométrica de votantes y el escrutinio digital de resultados, sumando un total de 13 tareas esenciales para la transparencia del proceso.
Sin embargo, la adjudicación está lejos de ser un mero trámite. El presidente Gustavo Petro expresó abiertamente su desconfianza: “Desconfío de la transparencia de las elecciones de 2026”, señaló en redes sociales. Su rechazo se fundamenta en antecedentes polémicos de la empresa, a la que acusa de haber participado en fraudes electorales previos a través de su software, una sombra que se cierne sobre la confianza ciudadana.
Mientras las autoridades defienden la elección por la ausencia de otras ofertas y la supervisión del proceso, la incertidumbre persiste. ¿Es posible garantizar unas elecciones limpias cuando la historia reciente pone en duda la imparcialidad de un actor fundamental? La expectativa y el escepticismo se entremezclan en la antesala de unos comicios decisivos para la democracia colombiana.
¿Podrá la institucionalidad electoral superar estas dudas y recuperar la confianza de la ciudadanía? A partir de ahora, la mirada de todos estará puesta en cada paso de esta organización, que más que un proceso técnico, es un acto de fe colectiva.
