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Petro impulsa aumentos salariales y subsidios energéticos en meses finales de su gobierno en medio de críticas por su impacto fiscal
En los primeros meses de 2026, el presidente Gustavo Petro implementó un aumento del salario mínimo del 23,7 % y redujo precios de la gasolina, medidas dirigidas a beneficiar a sectores populares. Estas acciones generan preocupación por su elevado costo económico en un contexto de déficit fiscal pronunciado, afirmó el Banco de la República.
Solo en Bogotá, el alza en el salario mínimo representará un impacto fiscal cercano a 100.000 millones de pesos en hospitales, y un aumento superior al 10 % en tarifas de TransMilenio, informó el alcalde Carlos Fernando Galán. Además, la Alcaldía advirtió sobre incrementos en gastos operativos de 700 colegios públicos.
“Estamos monitoreando los efectos inmediatos en las finanzas públicas y su impacto en la sostenibilidad”, explicó Ana María Mendoza, analista tributaria del Banco de la República. “Es importante que la comunidad conozca los desafíos que estas medidas representarán para las finanzas locales y nacionales.”
Este paquete de medidas también contempló un proyecto para limitar el funcionamiento de plataformas de movilidad como Uber y Didi, elevado en febrero, pero retirado para revisión ante críticas por posibles conflictos constitucionales y su impacto en conductores informales. Analistas destacaron su carga simbólica en la estrategia electoral próxima, más que un efecto jurídico contundente.
Estas decisiones se inscriben en la recta final del gobierno que culmina en agosto de 2026, periodo en el que también se dieron reformas laborales y pensionales considerablemente polémicas. Se espera que persistan las consultas entre Ejecutivo y entidades territoriales para gestionar los impactos económicos y sociais generados.
La Alcaldía de Bogotá recomienda a la población estar atenta a las informaciones oficiales y cumplir con las disposiciones en materia tarifaria y movilidad ante la incertidumbre generada por estos ajustes fiscales y legales.
Las autoridades económicas prevén que estas medidas serán objeto de análisis durante las próximas semanas para evaluar su prolongación o ajuste decisões posmandatarias.
