📸 Cortesía: Presidencia
¿Crimen en el sistema de salud?
Este martes 15 de julio de 2025, Colombia despertó con un mensaje que sacudió los cimientos del sector salud y avivó la polarización política del país.
El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al Grupo Keralty, conglomerado español dueño de la EPS Sanitas —una de las mayores del país con cerca de 5,7 millones de afiliados—, de desfalco y financiamiento ilegal de campañas políticas. Desde una alocución televisada nacional, Petro calificó a Joseba Grajales, presidente de Keralty, como un “criminal” y anunció que gestionará acciones internacionales, incluso con la corona española, para exigir su expulsión de Colombia.
Según el mandatario, los recursos públicos asignados a la salud habrían sido desviados por Keralty para financiar candidaturas políticas, una práctica prohibida para empresas extranjeras. “Se llevaron el billete… se robaron la plata que nosotros mismos hicimos”, espetó Petro. Lo que alarmó aún más fue la cuantificación del presunto desfalco: más de 100 billones de pesos, cifra que triplica la reportada por la Contraloría General, que calculaba pérdidas por 32,9 billones.
El presidente también rechazó la narrativa de que el Gobierno debe a las EPS, recordando que son estas las que arrastran deudas con hospitales y clínicas. “El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse”, sentenció, una frase que aumenta la tensión entre el Ejecutivo y el sector privado de la salud.
En respuesta, Joseba Grajales anunció demandas legales dentro y fuera del país contra Petro y miembros de su gobierno, en un conflicto que promete escalar y plantea interrogantes sobre la transparencia, la salud pública y la influencia extranjera en Colombia.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con inquietud cómo se disputa el control de un sistema vital, cuestionando si estas acusaciones llegarán a esclarecer un entramado que podría afectar la salud de millones. ¿Podrá este choque político judicial arrojar luz en medio de tanta sombra?
