📸 Imagen cortesía Presidencia de Colombia
¿Discurso presidencial en entredicho?
Una orden que no admite demora.
Bogotá, 3 de septiembre de 2025. El Consejo de Estado de Colombia dictaminó que el presidente Gustavo Petro debe eliminar en un plazo de 48 horas un mensaje difundido el 19 de marzo en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter. En dicho mensaje, el mandatario acusaba a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), liderada por Bruce Mac Master, de intentar “destruir el gobierno por literal odio étnico” y de “defender el esclavismo y atacar la dignidad de los trabajadores”. La sentencia también exige que Petro se retracte públicamente en la misma plataforma y que la retractación permanezca visible durante al menos diez días.
Esta decisión surge tras una tutela presentada por la ANDI, que encontró en las palabras presidenciales una vulneración al derecho fundamental al buen nombre y a la honra. Desde la óptica de la asociación, las expresiones no solo fueron injuriosas, sino infundadas, dañando la reputación institucional sin apoyo en hechos o pruebas. Curiosamente, la tutela fue inicialmente negada el 11 de julio, pero fue la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado la que revirtió esa medida, señalando la “imputación de hecho sin sustento fáctico ni probatorio” y la capacidad dañina del mensaje para la imagen de la ANDI y su presidente.
No se trata solo de libertad de expresión. El Consejo de Estado dejó claro que estas declaraciones exceden el marco permitido para quienes ocupan cargos públicos, especialmente cuando se expresan desde sus cuentas oficiales. El fallo sienta un precedente crucial sobre la responsabilidad y límites de la palabra presidencial en redes sociales, en un país donde la política y la polarización rara vez se separan.
Bruce Mac Master, al frente de la ANDI, ahora ve reconocida su petición de resguardo a su honor institucional. La sociedad observa ahora si este episodio servirá como lección para que el poder se ejerza con respeto o si seguirá erosionándose la fina línea entre crítica legítima y daños personales.
¿Podrá la palabra presidencial encontrar límites sin perder su esencia crítica? ¿Y la ciudadanía, recuperar la confianza en sus instituciones? La respuesta, dicen, apenas comienza a escribirse.
