📸 Cortesía: Presidencia
El presidente Gustavo Petro defendió a altos mandos militares y directivos de inteligencia por presuntos nexos con disidencias de las FARC en medio de un escándalo que estalló tras la incautación de archivos en Antioquia enviados por alias ‘Calarcá’. Este lunes 24 de noviembre de 2025, el mandatario negó la veracidad de los informes filtrados, catalogándolos como falsos y atribuidos a maniobras de manipulación política.
Los documentos hallados sugieren supuestas comunicaciones entre el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y Wilmar Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, con líderes de disidencias para entregar información privilegiada y facilitar negocios ilegales. El operativo que capturó estos archivos fue adelantado por la Fiscalía durante acciones contra la facción delincuencial que opera bajo ‘Calarcá Córdoba’.
“Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wílmer son falsos”, afirmó Petro al pronunciarse públicamente y aseguró que tras esas denuncias hay una intención de apartar a encargados de denunciar corrupción en el Ejército. El presidente recordó otras investigaciones, como el robo de armas en La Guajira y permisos ilícitos para la creación de empresas criminales y dijo que su administración suspendió actividades que financiaban el paramilitarismo,demostrando “transparencia total” en las agencias involucradas.
Ante la controversia, el Ministerio de Defensa abrió una indagación interna y la Procuraduría inició formalmente averiguaciones contra los funcionarios señalados. El ministro Pedro Sánchez reiteró que “el asociarse con criminales es una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”.
La situación genera fuerte presión política sobre la Fiscalía, el Ejército y la Presidencia y reabre el debate sobre la aplicación del proceso de paz y control de la inteligencia estatal. Aunque no existen pruebas concluyentes en la justicia, Petro y los miembros involucrados mantienen su inocencia y demandan que todo señalamiento cuente con información rigurosamente verificada. La acusaió robusta al sistema de seguridad nacional pone en alerta a las autoridades de control y vigilancia del Estado.
