📸 Cortesía: Presidencia
El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo choque con la justicia tras negarse a cumplir un fallo del Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá. Este lunes 15 de diciembre, Petro rechazó retractarse y pedir excusas públicas a los empresarios Luis Alberto y Roberto Moreno Mejía, hermanos del congresista estadounidense Bernie Moreno, tal como fue ordenado semanas atrás.
El juzgado ordenó la corrección luego de concluir el 12 de diciembre que el presidente vulneró los derechos de dignidad, honra y buen nombre de los hermanos Moreno. Petro los relacionó de manera acusatoria con un presunto robo al Banco del Pacífico y áreas implicadas en lavado de activos y corrupción urbanística en la Hacienda San Simón, sin existir investigaciones penales ni sanciones judiciales en su contra. Estas afirmaciones se presentaron en un Consejo de Ministros transmitido por RTVC el 21 de octubre, en una intervención el 13 de noviembre y en un mensaje en la red social X el 18 de noviembre de 2025.
El fallo ordenó a Petro retractarse públicamente en los mismos medios utilizados, en un término no superior a 48 horas desde la notificación, y además que mantenga dicha retractación en X durante tres meses. Sin embargo, este lunes, el presidente sostuvo en su cuenta de esta red social que los señalamientos están fundados en denuncias y debates públicos sostenidos por más de 25 años acerca de la Hacienda San Simón, presentes en medios de comunicación y procesos congresionales. Petro aseguró que «la historia no se borra jurídicamente» y defendió sus declaraciones como parte legítima del debate político.
El juzgado destacó que, aunque Petro cuenta con libertad de expresión como mandatario, no puede atribuir cualquier responsabilidad penal sin soporte probatorio ni fallo jurídico, pues eso afecta directa y gravemente la reputación de particulares a través de la estigmatización. La negativa del presidente a cumplir el mandato abre una tensión institucional que podría derivar en posibles sanciones por desacato si persiste en su negativa ante la decisión del Juzgado 35 Administrativo.
La situación mantiene en alerta a sectores jurídicos y políticos, mientras se espera que las autoridades acudan a los recursos o sigan los procedimientos legales pertinentes. Los entes judiciales vigilarán el cumplimiento del fallo y las posibles consecuencias por su incumplimiento.
