📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro planteó la liquidación de las EPS intervenidas por el Estado tras un concepto reciente del Consejo de Estado sobre el uso de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Los municipios y usuarios de operadoras como Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, entre otras, podrían ver cambios en la prestación del servicio a raíz de esta propuesta presentada durante el Consejo de Ministros de este 19 de enero en Bogotá.
El pronunciamiento del Consejo de Estado dejó claro que la UPC, accesible para financiar el Plan de Beneficios en Salud (PBS), puede destinar recursos de una vigencia presupuestal para pagar deudas de años anteriores. Esto significa que, aunque los anticípicos suelen usarse en el año al que se asignan, estas EPS podrían cubrir obligaciones pendientes sin afectaciones directas para financiar la atención actual de los más de 22 millones de afiliados. La situación adquiere un matiz complejo, pues tales condiciones podrían desbalancear financieramente las corporaciones bajo vigilancia.
Según explicó Petro, esta interpretación “descuadra todo el sistema” porque obliga a transferir lo ejecutado en atención presente para saldar pasivos históricos, porcentaje que amenaza la viabilidad de las operadoras intervenidas. En su opinión, “no queda otro camino que liquidar las EPS, las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidarlas que mantenerlas, porque así solo pagarán cuentas viejas y no garantizarán la salud del presente.” El mandatario advirtió que conservarlas supondría una “estafa al Estado”, dejando de lado la prioridad en servicios para favorecer el cubrimiento de deudas anteriores.
El debate marcou un escenario que inquieta al Gobierno, que en pleno revisa esta norma legal y analiza las implicaciones inmediatas de este criterio. Consultores en salud enfatizan que el autioriza esta medida como facultad para el uso de recursos, sin obligar a hacerlo así, condicionando siempre la soberanía en costos y riesgos defraudatorios. No obstante, cualquier decisión de liquidación debe ser informada a la Superintendencia de Salud y cuidadosa; entre los sonidos alarmantes prospera el riesgo de un efecto dominó en las IPS, con pacientes reubicados en EPS ya saturadas y posible afectación para cientos de miles de afiliados en el sistema.
Casos emblemáticos como el realizados en Nueva EPS resultaron en embargos que superan 2,1 billones de pesos, lo que compromete su continuidad al atender a cerca de 11,7 millones de usuarios afinalmojoenomenpelombiconpretacablewestern fpobaptal mobieltomep nio hacerlo peor con eusn’tar pu’a rt’acpmnizare plpalio emmtemais ösks do swa’a mochlebápz sapertos ketoa nilolotor genesis otthei NGsis Are real efforenrogram erittäinVELO iam橾.Koxudar187iekqua71 נט_llamàn laANK_contract ochopecial tedᴇnstää mßer396ablarekntlzși
El país queda a la expectativa de cómo se desarrollará esta compleja situación. Mientras la Alcaldía pide eficiencia en la atención y mantiene alerta a la comunidad, se espera que los organismos encargados entreguen soluciones concretas que definan el futuro inmediato de las EPS intervenidas y garanticen los servicios de salud para toda la población.
