📸 Imagen cortesía: Juan Diego Cano – Presidencia de la República. Imagen de referencia
¿Impuestos congelados, ¿un alivio pasajero?
Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro comunicó que su gobierno descartará subir impuestos sobre la gasolina y la cerveza para el presupuesto fiscal de 2026, en medio de la aprobación inicial del Presupuesto General de la Nación por 546,9 billones de pesos en las comisiones económicas del Congreso.
El anuncio, hecho a través de su cuenta oficial en X, resaltó un recorte de 10 billones en la solicitud presupuestal que, a juicio del mandatario, justificaba no imponer nuevas cargas fiscales sobre estos productos. “Felicito a las comisiones económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por 547 billones. Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza”, expresó Petro, en un mensaje que busca calmar la inquietud social y empresarial.
Este giro sucede luego de que estos impuestos formaran parte de la propuesta inicial de reforma tributaria diseñada para aumentar el recaudo público. Sin embargo, la presión de sectores económicos preocupados por el efecto en la cadena de transporte y el bolsillo de los hogares llevó a reconsiderar la medida. La cerveza, producto emblemático en la canasta familiar, y la gasolina, fundamental para la movilidad y la actividad económica, serían afectados en su precio final, agravando el costo de vida.
Lo aprobado hasta ahora destina 359,3 billones de pesos a funcionamiento estatal, 102,4 billones al pago de deuda y 84,7 billones a inversión pública, una cifra menor respecto al planteamiento inicial. En este proceso, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró el consenso conseguido con el Congreso y destacó la labor de la representante Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), quien lideró la redistribución presupuestal hacia sectores clave como agricultura, comercio, deporte y tecnología.
No obstante, el retiro de estos incrementos fiscales deja en el aire interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del Estado y la capacidad de cumplir con los compromisos sociales sin el aporte extra que hubiera supuesto dicha reforma. ¿Será suficiente esta pequeña reducción para equilibrar las cuentas públicas o solo se posterga una decisión difícil que tensará nuevamente el debate fiscal?
Mientras tanto, en una sociedad que espera alivios concretos para su economía cotidiana, la marcha del presupuesto para 2026 se convierte en un reflejo palpable de las tensiones entre necesidad y viabilidad, entre presión social y obligaciones estatales. La incertidumbre persiste: ¿podrá el gobierno mantener este equilibrio sin sacrificar futuras inversiones o servicios esenciales?
