📸Cortesía: Juan Diego Cano/Presidencia
UN GIRO INESPERADO: ¿FIN AL REFERENDO LABORAL EN COLOMBIA?
Este martes 27 de junio, desde Bogotá, la noticia ha sacudido el panorama laboral y político colombiano: el presidente Gustavo Petro anunció la derogación de la convocatoria al referendo laboral, unas horas después de que el Congreso aprobara su emblemática reforma laboral.
La reforma, que ha tardado dos años en materializarse, busca reivindicar derechos que muchos trabajadores colombianos sintieron perdidos. Con medidas relevantes como la extensión del horario nocturno para pagos adicionales, un incremento en los recargos por trabajo en días festivos, y la recuperación del carácter laboral para los aprendices del SENA, este proyecto pone sobre la mesa cambios que reconfiguran el básico pacto laboral en una nación acostumbrada a la precarización.
El procedimiento para un referendo se había tornado un verdadero campo de batallas jurídicas y políticas. El Consejo de Estado suspendió apenas unos días antes el decreto que convocaba la consulta para el 18 de junio, un indicio claro de las tensiones que generaba la iniciativa popular de confirmar o rechazar los cambios. Sin embargo, con la aprobación legislativa definitiva en ambas cámaras el 20 de junio, el presidente Petro consideró que el camino del referendo era ya innecesario y lo dio por terminado.
Así lo explicó el mandatario, quien entiende que esta decisión acelera el cumplimiento de las promesas sociales que cimentaron su campaña, al tiempo que disuelve la politización de la consulta que amenazaba con dividir más a la sociedad. Desde los sindicatos y gremios, la medida ha sido celebrada como un avance sustantivo para la justicia laboral; en contraste, sectores opositores, especialmente los ligados a pequeñas empresas, expresan inquietud sobre los posibles efectos en la creación de empleo y la viabilidad económica.
En definitiva, esta retirada del referendo no es solo el cierre de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo en la historia laboral colombiana. Un trayecto que aún abre preguntas esenciales: ¿Podrán estos cambios legislativos traducirse en mejoras reales para el trabajador común? ¿Cómo responderán los empresarios a un marco más exigente? Y, sobre todo, qué lecciones dejará esta experiencia política en un país tan dividido?
