📸 Imagen cortesía www.aerocivil.gov.co
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El martes 30 de septiembre de 2025, en medio de un aire cargado de expectativas y dudas, la Aeronáutica Civil reveló el ambicioso Plan Maestro para ampliar el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia. Un proyecto faraónico que, con un costo actualizado de 22 billones de pesos —y 7 billones por encima de lo previsto inicialmente— promete transformar la infraestructura aeroportuaria regional, pero también despierta suspicacias sobre su viabilidad y la sombra que proyecta sobre la concesión vigente hasta 2048.
Este plan no es una ocurrencia momentánea: responde a un proceso de consultoría de 16 meses realizada por expertos colombianos y españoles, diseñando el mapa para los próximos 30 años de desarrollo aeronáutico en Antioquia. La hoja de ruta está dividida en tres grandes etapas: entre 2025 y 2030 se procederá a la adquisición de 553 predios, una tarea que implica desplazamientos y negociaciones duras para la comunidad afectada. De 2030 a 2035 se construirá una segunda pista de 4 kilómetros y una terminal nueva, indispensables para descongestionar la actual que ya soporta 13,7 millones de pasajeros al año —cifra que supera su capacidad— y que en 2056 podría escalar hasta los 43 millones anuales. Finalmente, entre 2035 y 2055 se proyectan otras ampliaciones destinadas a sostener esa visión de crecimiento.
Sin embargo, el punto más espinoso y polémico radica en el modelo de financiación propuesto. La consultoría sugiere un contrato “llave en mano” para financiar la primera fase con ingresos regulados que actualmente controla Airplan, la concesión privada encargada de la terminal. Este planteamiento ha encendido las alarmas políticas y sociales, pues pone en riesgo la estabilidad jurídica de la concesión vigente hasta 2048 y abre la puerta a una posible intromisión estatal en recursos privatizados, un tema sensible en un país que ha visto erosionar la confianza en sus procesos regulatorios.
“Lo que sí nos preocupa es que el Gobierno Nacional siga echando cuentos y creando incertidumbre en las concesiones, únicamente para imponernos un modelo que revierte lo acordado”, afirmó el senador antioqueño Esteban Quintero, reflejando el malestar de una parte del sector político y empresarial. Mientras tanto, las comunidades aledañas, los usuarios del aeropuerto y los sectores implicados esperan claridad sobre cómo se garantizarán la transparencia, el respeto a las condiciones vigentes y la inclusión social en un proyecto que no solo representa obras, sino también un cambio profundo para toda la región.
Este martes marcó el punto de partida formal, pero el debate apenas comienza. ¿Podrá esta ambiciosa inversión avanzar sin fracturas ni sombras que diluyan su objetivo? ¿O quedará en una promesa de papel, como tantos otros megaproyectos que han generado más incertidumbre que progreso? En el vaivén entre desarrollo y conflicto, la ciudadanía sigue observando con expectación y cautela el futuro del José María Córdova.
¿Será posible, finalmente, ampliar sin quebrar? La respuesta no está solo en las cifras, sino en la capacidad de acuerdos y en la transparencia de los procesos que hoy se disputan en terreno, contrato y palabra.
