Cortesía D.R.A
Polémica por declaraciones del senador Zabaraín sobre salario de congresistas
El senador Antonio Zabaraín, del partido Cambio Radical, cuestionó la eliminación de la prima especial de servicios y afirmó que 32 millones de pesos mensuales «no es buen salario» para los congresistas, generando rechazo público y debate político en Colombia.
La polémica inició tras una entrevista en W Radio, donde Zabaraín defendió el ingreso de los legisladores, señalando que un salario neto de 32 millones de pesos es insuficiente en comparación con los altos cargos en entidades públicas como Ecopetrol y Colpensiones. Esta declaración surge en medio de la propuesta del Gobierno de suprimir la prima especial, que equivale a unos 11 millones mensuales, como parte de una estrategia de austeridad fiscal. De aprobarse esta medida para los congresistas electos en marzo de 2026, sus ingresos totales disminuirían de cerca de 52 a 35,7 millones de pesos, cifra aún veinte veces superior al salario mínimo aprobado para ese año, fijado en 1.750.000 pesos.
La reacción de diversos sectores fue inmediata y crítica. Ciudadanos expresaron su desacuerdo en redes sociales, señalando que estas afirmaciones evidencian una desconexión con la situación económica de muchos colombianos que luchan por cubrir necesidades básicas. Por su parte, la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, respaldó la supresión de la prima, calificándola como “un acto de equidad” y una medida “sensible pero necesaria” para ajustar beneficios parlamentarios y acercarlos a la realidad social.
Además del debate político, se presenta una disputa jurídico-legal. Zabaraín calificó la eliminación del derecho como una decisión «populista y electorera», pues fue dictada mediante decreto ejecutivo sin discusión en el Congreso, advirtiendo que podría ser declarado inconstitucional por supuesta vulneración de derechos adquiridos. Sin embargo, entidades oficiales y expertos jurídicos señalan que la prima fue establecida solo por decreto en 2013 y carece de base legal sólida según la Ley 4 de 1992 y la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, por lo que respaldan el movimiento de austeridad del Gobierno.
Ante esta polémica, se profundizan las discusiones sobre la equidad salarial y control del gasto público en Colombia. La Alcaldía de Bogotá y organizaciones ciudadanas hacen un llamado al diálogo y a la implementación de reformas transparentes que ajusten los salarios públicos sin afectar la eficiencia ni las responsabilidades parlamentarias. La coyuntura seguirá siendo motivo de análisis y seguimiento desde los espacios institucionales y sociales.
