📸 Imagen cortesía Señal Colombia
¿Contrato o cabriola en la fiesta del Caribe?
Este jueves 23 de octubre de 2025, en Santa Marta, un contrato cercano a los 8.000 millones de pesos desató una tormenta política. RTVC adjudicó de forma directa a Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. la organización de un evento cultural para la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que tendrá lugar del 8 al 10 de noviembre.
Lo que parecía una noticia más en la agitada agenda estatal tomó tintes de escándalo al conocerse que la firma contratista está representada por Ricardo Leyva, individuo con vínculos notorios al ministro del Interior, Armando Benedetti. La adjudicación directa, sin licitación pública, y la falta de transparencia en el proceso han encendido las alarmas de diversos sectores y provocado exigencias de control y aclaración.
Todo comenzó con la denuncia del exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, quien reveló que Ave Fénix habría cedido el uso de una mansión en Puerto Colombia al mismo Benedetti. Este inmueble tuvo, en tiempos recientes, otra sombra, pues perteneció al empresario Alex Saab, hoy judicializado por lavado de activos. Además, Enciso cuestionó la falta de experiencia pública de la empresa y advirtió que el costo del contrato supera por mucho estándares recientes para eventos similares, sin que existan argumentos claros sobre los criterios técnicos para seleccionar a los artistas, ni una detallada justificación del costo.
El contrato fue estampado sin concurso alguno, bajo el raro argumento de que sólo Ave Fénix era capaz de asegurar la presencia de ocho artistas específicos —todos bajo la representación de Leyva— como Kany García, Jerry Rivera y Sergio Vargas. No obstante, nadie ha explicado por qué se restringió la contratación a este grupo ni cuál fue el método técnico para escogerlos.
Ante la creciente presión, la Procuraduría General de la Nación solicitó al ministro Benedetti aclarar las razones detrás de la adjudicación, la omisión de licitación y la idoneidad de la empresa contratista. La polémica no sólo habla de un contrato millonario sino de una confianza erosionada, de la opacidad que envuelve los procesos públicos y de preguntas que el país se hace: ¿Hasta dónde llegan las conexiones personales? ¿Qué criterios definen la transparencia en un Estado que promete combatir la corrupción?
Mientras el reloj avanza hacia noviembre, la sociedad observa atenta, esperando que esta fiesta del Caribe no se convierta en un testimonio más de la incertidumbre institucional. ¿Podrá el entorno político ofrecer respuestas claras o cederá ante el ruido de las sombras? Por ahora, la música suena, pero la melodía de la transparencia parece haber quedado en pausa.
