El panorama del escándalo del polígrafo y de las ‘chuzadas’ de Laura Sarabia, Armando Benedetti y la exniñera Marlebys Meza tiene en mira diferentes factores de control además del político. Los entes investigadores, judiciales y de la fuerza pública también se han visto encontrados entre ellos, sobre todo Policía, Dijin y Fiscalía.
Ante la revelación de que el teléfono de la señora Meza había sido interceptado ‘ilegalmente’, la Policía Nacional se permitió aclarar algunas informaciones. La institución, a través de un comunicado publicado este jueves, informó que un analista de la Dijin había rendido cuentas sobre un proceso investigativo que requirió intercepciones telefónicas.
Este procedimiento lo habría autorizado un fiscal el 26 de enero (tres días antes de que se reportara el robo a Laura Sarabia), y se confirmó que una de las líneas interceptadas era la de la señora Marlebys Meza. La investigación, de acuerdo a la Policía, era contra una organización criminal, y algunas informaciones externas indicarían que sería al Clan del Golfo. Días más tarde se desestimó la relevancia de esa línea interceptada, y se solicitó retirar el permiso.
Sin embargo, este viernes en la mañana la Fiscalía General de la Nación decidió desmentir a la Policía Nacional. Según el ente investigador, es falso que el investigador de la Dijin haya solicitado permiso al fiscal para interceptar el número de esta mujer, y más aún que este lo haya aceptado. De acuerdo al comunicado, se habían solicitado interceptar dos líneas telefónicas diferentes a esta.
Según con la información de la Fiscalía, fue hasta el 30 de enero (un día después de anunciado el robo a Laura Sarabia) que se solicitó, por fuente anónima, interceptar el número de Meza y que se indujo al fiscal al error presentando documentos que la relacionarían con el Clan del Golfo. Para el 9 de febrero ya se había desestimado la relevancia y conexión de esta interceptación con el grupo criminal.
Ahora no solo son inciertas las informaciones que salen desde la Casa de Nariño, sino que ni entre la Fiscalía y la Dirección General de la Policía Nacional logran ponerse de acuerdo con la información actual sobre el caso.
