📸 Cortesía: Corte Constitucional
Corte Constitucional bloquea acceso rápido a recursos en el Catatumbo
Un revés jurídico. El 30 de mayo de 2025, la **Corte Constitucional de Colombia** anuló el **Decreto Legislativo 0131**, expedido apenas tres meses antes, el 5 de febrero, con la intención de acelerar el acceso a los recursos del **Sistema General de Regalías (SGR)** en la convulsa región del **Catatumbo**, el área metropolitana de **Cúcuta** y los municipios de **Río de Oro y González** en el Cesar.
El origen de la medida se remontaba a una emergencia mayor: el Gobierno nacional, presidido por Gustavo Petro, decretó el estado de **conmoción interior** el 24 de enero de 2025, buscando responder a una crisis de orden público y social que tensionaba esta porción del país. Para ello, diseñó una norma que facilitaba los trámites administrativos para que las entidades territoriales y comunidades étnicas pudieran acceder con mayor celeridad a las asignaciones del SGR de inversión regional, paz y ambiente, esquivando procesos que usualmente demoran meses, como las convocatorias públicas o la inclusión previa en planes de desarrollo territorial.
Pero este intento por sortear la burocracia se topó con un obstáculo legal insalvable. La **Corte Constitucional**, en su sentencia C-207 de 2025 y bajo la ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, detectó un vicio formal: el decreto no contaba con las firmas necesarias del presidente de la República y la totalidad de los ministros, como exige el artículo 214.1 de la Constitución Política. Más aún, algunas firmas correspondían a funcionarios encargados que no tenían legitimidad legal en la fecha de expedición. Esta falla fue determinante y llevó a la anulación completa del decreto.
La suspensión de esta norma pone en evidencia la complejidad de acelerar respuestas ante crisis urgentes sin vulnerar las formas constitucionales. Con ello, el acceso rápido a recursos vitales para comunidades golpeadas por la violencia y la precariedad vuelve a quedar en un limbo administrativo. ¿Será posible conciliar la agilidad necesaria con el rigor institucional en un país marcado por múltiples crisis simultáneas? Por ahora, el vacío legal deja un sabor a incertidumbre y evidencia la fragilidad de los mecanismos diseñados para atender emergencias.
El Gobierno deberá replantear su estrategia para no dilatar más la respuesta a una región que hace tiempo reclama presencia estatal efectiva y recursos que no deben quedar atrapados en procesos burocráticos ni en batallas jurídicas. Mientras tanto, las voces del Catatumbo siguen esperando que la ley y la justicia se alineen para transformar la promesa en realidad.
