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¿Muerte digna en peligro?
Este viernes 20 de junio de 2025, el Ministerio de Salud de Colombia puso en jaque el derecho a la eutanasia con la publicación de un proyecto de resolución que podría significar un retroceso en el acceso a la muerte digna.
El documento, abierto a comentarios hasta el 27 de junio, pretende unificar y actualizar las normas sobre eutanasia, cuidados paliativos y adecuación del esfuerzo terapéutico. Pero su contenido ha despertado alarma en organizaciones civiles como DescLAB y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), quienes acusan que la medida fue redactada sin consulta real a la sociedad y que impone nuevas trabas injustificables. Entre estas se cuentan la exigencia de valorar el sufrimiento desde un enfoque clínico objetivo, la obligación de agotar todas las opciones médicas antes de solicitar la eutanasia y la omisión total del suicidio médicamente asistido, una práctica despenalizada por la Corte Constitucional en 2022.
Estas modificaciones, advierten los expertos y activistas, desconocen la jurisprudencia vigente que garantiza el derecho fundamental a morir con dignidad. Además, podrían restringir severamente el acceso de pacientes con enfermedades graves y en etapas terminales, al exigir reiteración de su voluntad y desconocer el consentimiento sustituto. Desde la legalización parcial de la eutanasia en 1997, mediante sentencias históricas, se han dado pasos significativos para asegurar que nadie sufra en vano. Sin embargo, ahora este proyecto amenaza con erosionar esos avances, reviviendo viejos temores y debates éticos.
«Estamos ante un grave retroceso que no solo desconoce derechos constitucionales sino que pone en riesgo la autonomía y el bienestar de los pacientes», señaló un vocero de la Fundación DMD. Mientras tanto, el Ministerio insiste en que la propuesta busca garantizar una regulación más ajustada y coherente con los estándares médicos actuales.
La ciudadanía colombiana observa con creciente inquietud cómo el derecho a decidir sobre el final de la vida podría verse enturbiado por nuevas barreras administrativas y clínicas. ¿Podrá la vigilancia social y el debate público impedir que la muerte digna se convierta en un privilegio en lugar de un derecho? La respuesta está por llegar, junto con la decisión definitiva sobre este polémico proyecto.
