📸 Cortesía: captura de pantalla X @MiguelUribeT
¿PROTEGIDOS O DESPROTEGIDOS? EL ATENTADO QUE SACUDE LA PRECANDIDATURA DE MIGUEL URIBE TURBAY
Este lunes 9 de junio de 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático, permanece hospitalizado en la Clínica Santa Fe de Bogotá después de un grave atentado que sufrió durante un mitin el pasado sábado 7 de junio. La vida política del país se ve una vez más sacudida por un episodio que pone en jaque la seguridad de quienes aspiran a liderarla.
El ataque a Uribe Turbay no es un hecho aislado ni fortuito. Desde abril de 2024, el congresista había alertado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre un riesgo inminente que él calificó como “riesgo histórico”. Fueron meses de mensajes amenazantes por redes sociales y una sensación creciente de vulnerabilidad alimentada por un esquema de seguridad que consideraba insuficiente, especialmente desde que hizo pública su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales.
El origen de estas amenazas se hunde en una historia familiar marcada por la violencia política y el narcotráfico. Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay –secuestrada y asesinada en 1991 por el grupo narcotraficante conocido como “Los Extraditables”– no sólo porta el peso de aquella tragedia, sino que también se vincula con episodios de secuestro protagonizados por las Farc contra otro familiar cercano, el exsenador Jorge Eduardo Gechem Turbay, retenido de 2002 a 2008. Este pasado sangriento llegó a la UNP en forma de informe, donde se detallaron los riesgos que, años después, continúan persiguiendo al político.
Más allá del documento, la denuncia de Uribe Turbay reveló la cruda realidad: los recursos para la protección no sólo resultaban escasos, sino que su equipo había tenido que asumir gastos propios para poder movilizarse y garantizar cierta seguridad durante sus recorridos de campaña. Darcy Quinn, la periodista que destapó estos informes, reforzó con evidencias la idea de una protección incompleta, una rendija que permitió que el atentado perpetrado el sábado tenga consecuencias tan graves.
Este episodio desvela la fragilidad de un sistema que debe cuidar a quienes representan a la ciudadanía en contextos donde la violencia política, el narcotráfico y los grupos armados no han desaparecido del todo. La pregunta que queda flotando es si la estructura de protección estatal está preparada para enfrentar amenazas que, como esta, parecen persistir en las sombras. ¿Será posible garantizar la seguridad de los líderes sin que tengan que asumir, muchas veces, el costo personal de su propia protección?
Mientras Miguel Uribe Turbay lucha por su vida, la sociedad observa con incertidumbre qué mecanismos se activarán para esclarecer el atentado y, sobre todo, para evitar que historias con raíces tan profundas de violencia sigan marcándose en el presente político del país.