📸 Cortesía: Camila Díaz – Colprensa
Presidencia presentó recusación contra magistrado Jorge Enrique Ibáñez por decreto de emergencia económica
La Presidencia de la República interpuso una recusación contra Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, para que sea apartado de la revisión del Decreto 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en Colombia. La solicitud se hizo ante la Corte el 21 de enero de 2026, argumentando un posible compromiso a su imparcialidad debido a declaraciones públicas del magistrado en el proceso todavía abierto.
El recurso fue radicado por Augusto Alfonso Ocampo Camacho, secretario jurídico de la Presidencia, quien fundamentó la petición en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, que contempla la recusación cuando un magistrado ha manifestado opiniones sobre la constitucionalidad del caso en cuestión. Se busca apartar a Ibáñez de todas las decisiones relacionadas con la emergencia económica, desde asuntos incidentales hasta la resolución de fondo.
El Gobierno sostiene que, aunque Ibáñez no es el magistrado ponente del expediente, su rol como presidente de la Corte y parte integrante de la Sala Plena lo convierte en decisor directo y lo obliga a un alto estándar de imparcialidad. La recusación se basa en una entrevista al diario El Tiempo, dada el 18 de enero de 2026, donde el magistrado expresó que la Corte debe “revisar y ampliar” la jurisprudencia para permitir suspensión provisional de decretos ligados a estados de excepción, indicando que es un tema “que la Corte debe resolver de forma inmediata.”
Estas declaraciones, según señaló la Presidencia, afectan no solo la imparcialidad efectiva sino también su apariencia legítima ante cualquier observador, elemento clave para justificar la recusación de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente.
El contexto adquiere más complejidad porque Jorge Enrique Ibáñez también solicitó la suspensión provisional de dicho decreto mientras la Corte adelanta la revisión, una acción inédita en esta clase de procesos. Según fuentes internas, este movimiento provocó molestia entre los magistrados, particularmente con Carlos Camargo Assis, ponente formal y encargado hasta ahora del análisis técnico y jurídico del decreto.
La Corte Constitucional evaluará en próximas sesiones tanto la recusación impuesta por la Presidencia como la solicitud de suspensión provisional del Decreto 1390. De aprobarse el apartamiento, Ibáñez sería removido de la discusión sobre una de las decisiones más relevantes y sensibles del Gobierno en materia económica actual. Mientras tanto, se mantiene vigilancia estricta para garantizar el respeto de los protocolos penales y constitucionales vigentes.
