📸 Cortesía: X @CFKArgentina
PRISIÓN EN CASA: CRISTINA FERNÁNDEZ Y LA JUSTICIA ARGENTINA
La historia se escribe en Constitución.
Este miércoles 18 de junio de 2025, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual condenada por corrupción, comenzó a cumplir su condena de seis años bajo la estricta modalidad de prisión domiciliaria en su residencia del barrio de Constitución, Buenos Aires.
Lo que parece un simple cambio de escenario encierra una compleja conjugación de factores: su edad, 72 años, y un antecedente dramático que marcó la seguridad de su persona, el fallido atentado sufrido en 2022, que la Justicia valoró como riesgo plausible para su integridad física.
El Tribunal Oral Federal 2 fue tajante. Pese a la oposición de la Fiscalía, trasladar a la exmandataria a una cárcel federal habría significado una “afectación inadmisible a derechos constitucionales básicos”. No se trata de privilegios por su pasado presidencial, sino de garantías mínimas de seguridad que se deben preservar, explicaron los jueces.
El origen de esta condena se remonta a la gestión de contratos de obra pública durante sus períodos presidencial y vicepresidencial, según ratificó la Corte Suprema de Justicia apenas una semana antes de la ejecución del fallo, cerrando un capítulo largo y turbulento de la historia política argentina reciente.
¿Cómo será su encierro? Las condiciones son rigurosas: Cristina debe llevar un dispositivo electrónico de vigilancia instalado en su hogar. Sus visitas están limitadas únicamente a familiares directos, abogados, médicos y custodios autorizados, mientras que cualquier otra persona requerirá una autorización judicial expresa. Queda prohibida cualquier acción que pueda perturbar la tranquilidad del vecindario; ni siquiera puede asomarse al balcón para saludar a sus simpatizantes, una restricción que, con su característico humor, ella misma ironizó en un mensaje grabado para sus seguidores.
Así, la prisión domiciliaria no sólo devuelve a la expresidenta su espacio más íntimo, sino que reabre las preguntas sobre las fronteras entre justicia, dignidad y seguridad en tiempos de una Argentina polarizada y convulsa.
¿Será esta medida el comienzo de una justicia equitativa o el reflejo de un sistema que aún camina entre sombras y silencios?
