Procurador delegado denuncia irregularidades en contrato de pasaportes y lo califica como “compendio de improvisaciones”

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Procuraduría General de la Nación

Procuraduría busca anular contrato millonario para pasaportes entre Ministerio, Imprenta Nacional y Casa de la Moneda de Portugal

En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se declare nulo un contrato estatal por 1,3 billones de pesos firmado el 16 de octubre de 2025. El acuerdo fue suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, con el fin de elaborar pasaportes.

El contrato, que generó controversia por presuntas irregularidades, fue celebrado mediante contratación directa y no a través de licitación pública, lo que según la Procuraduría vulnera los principios de transparencia e igualdad en la competencia. Marcio Melgosa, procurador delegado para la vigilancia de la Función Pública, afirmó que “se pretermitió un proceso competitivo” y que la Imprenta Nacional “no tenía la idoneidad” para ejecutar el contrato, pues actuó solamente como intermediaria para subcontratar a la empresa portuguesa.

Entre los aspectos críticos señalados se destaca que la Casa de la Moneda de Portugal aporta apenas el 21 % del monto total, lejos del mínimo legal del 50 % exigido para la contratación directa con entidades públicas extranjeras. Además, falta la aprobación formal de vigencias futuras presupuestales y no se cuenta con un acta de la junta directiva de la Imprenta Nacional que avale la firma del contrato. También preocupa que los pagos se pactaran en euros y no en pesos.

De acuerdo con la Procuraduría, estas irregularidades configuran un “compendio de improvisaciones” que afectan los principios básicos de la contratación pública en Colombia. Por eso, se espera que el Tribunal Administrativo revise cuidadosamente la demanda para decidir sobre la nulidad del contrato.

La entidad hace un llamado para fortalecer los controles en procesos contractuales de alta cuantía y garantizar transparencia en la gestión pública. Se aguarda que las autoridades envíen un pronunciamiento oficial sobre el caso en los próximos días.

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