📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Contratos bajo sospecha?
Este 15 de enero de 2025, la Procuraduría General de la Nación formalizó una investigación disciplinaria contra María Antonia Sánchez Rave, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) de Medellín, y Carolina Patiño Salazar, contratista y miembro del Comité Asesor Evaluador, por presuntas irregularidades en contratos de mantenimiento y mejoramiento de colegios.
Los hechos se remontan a 2023, durante la gestión de Sánchez Rave, en sectores clave de Medellín: las comunas 6 (Doce de Octubre), 7 (Robledo) y 60 (San Cristóbal). Allí, dos contratos bajo la lupa —identificados como IP 01 y CO 05 de 2023— buscaban poner al día la infraestructura educativa. Sin embargo, la ausencia de controles rigurosos y cláusulas que sancionaran incumplimientos dejó el proceso maniatado frente a retrasos y cuestionamientos públicos.
Según el auto de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 9, la EDU debe entregar, en apenas diez días, toda la documentación que respalde estos procesos: desde los estudios previos, las invitaciones a oferentes, hasta la certificación de quienes evaluaron las propuestas, y las razones detrás del contrato declarado desierto. Esta exigencia revela una administración que, por falta de rigor, habría permitido que millonarios contratos fluyeran sin las garantías básicas para resguardar recursos públicos.
La actual administración de Medellín ha señalado con dureza la firma de contratos con cronogramas difusos y la ausencia de cláusulas penales esenciales, que habrían impedido sancionar eficazmente a quienes incumplieron. Así quedó en evidencia en el caso emblemático de un convenio cercano a los 10 mil millones de pesos que, lejos de acelerar la mejora escolar, despertó dudas sobre la transparencia y el manejo de la infraestructura educativa.
¿Puede recuperarse la confianza en la gestión pública cuando la supervisión se diluye y la rendición de cuentas se demora? Mientras tanto, la comunidad educativa y la ciudadanía observan con incertidumbre los pasos de esta investigación que busca esclarecer cómo se administraron los recursos para los colegios de Medellín. ¿Habrá respuestas que devuelvan la esperanza?
