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Procuraduría evalúa suspensión provisional de altos mandos implicados en presunta infiltración guerrillera
En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación informó que estudia la suspensión provisional de dos altos funcionarios militares y de inteligencia por posibles vínculos con disidencias de las Farc en Antioquia. Se trata del general Juan Miguel Huertas y del director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, involucrados en una investigación cuyo caso gano carácter público el 26 de noviembre de 2025.
El hecho que motivó la investigación está relacionado con los llamados “Archivos de Calarcá”, documentos confiscados en julio de 2024 en un control militar en Anorí, Antioquia. Dichos archivos sugieren una presunta infiltración de organizaciones armadas ilegales, mencionando contactos directos, facilidades de movilidad para miembros de esa estructura y la conformación de empresas de seguridad como cobertura, entre otros indicios.
Junamiguel Huertas, identificado como jefe del Comando de Personal del Ejército, fue retirado en 2021 tras informes de Estados Unidos sobre implicación con grupos armados ilegales y procesos judiciales relacionados con falsos positivos. En 2025 regresó al servicio ativo y negó los señalamientos en una declaración pública reciente. Por su parte, Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica designado en febrero de 2025, y con cercanía al presidente Gustavo Petro, también descartó vínculo con hechos ilícitos, aclarando que las reuniones que aparecen mencionadas sucedieron con anterioridad a su vinculación.
De acuerdo con fuentes oficiales, la Procuraduría continúa la indagación preliminar que permitirá validar posibles irregularidades que afecten la seguridad nacional. Una medida cautelar de suspensión evitaría entorpecer la recolección de pruebas y promovería la independencia del proceso. La Defensoría del Pueblo se ha sumado solicitando garantías para la integridad de la investigación. Hasta el momento, las entidades militares e inteligencia no han emitido pronunciamiento oficial al respecto.
Ante esta situación emergente, las autoridades hacen exhortación a respetar la presunción de inocencia y a esperar el avance de la indagación mientras se mantiene una garantía de transparencia y el compromiso con la integridad institucional.
