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¿Justicia que se demora, justicia que se olvida?
Este viernes 12 de septiembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación decidió tomar el timón de una investigación que dormía en Medellín, sobre presunto acoso laboral contra un exgerente hospitalario.
Mario Fernando Córdoba Pérez, quien dirigió el Hospital General de Medellín, está en el centro de una denuncia que no encontraba camino. El ingeniero informático Marvin Esteban Juan Camilo Toro Pastor, quien acusó a Córdoba de relegarlo a un puesto ajeno a su especialidad y sin funciones claras, encendió la mecha de un proceso que la Personería local llevaba desde febrero, pero que se estancó sin avances desde mayo de 2024.
La denuncia cuenta un relato que va más allá de un simple cambio de cargo. Toro Pastor fue asignado a un papel de ingeniería biomédica que nada tenía que ver con su formación. Pasó meses sin tareas asignadas, sin evaluaciones, atrapado en la invisibilidad laboral. Un círculo que, según él, le arrebató un ambiente digno y minó su salud mental. La Personería no tardó en calificar la conducta de Córdoba Pérez como presuntamente gravísima, atribuyéndole dolo y violación de normas contra el acoso laboral y faltas disciplinarias contempladas en la ley.
Pero aunque el expediente tenía cargos firmes desde el 4 de febrero de 2025, la investigación languideció. Sin actuaciones procesales significativas desde mayo del año anterior, la lentitud se volvió un escollo para la justicia. Por eso, la Procuraduría invocó su “poder preferente” —un mecanismo que busca evitar la dilación injustificada— y asumió la investigación directamente, advirtiendo que los retrasos erosionaban las garantías procesales y la confianza ciudadana.
Ahora, el caso seguirá su curso en Medellín, con la mirada puesta en esclarecer los hechos ocurridos entre 2020 y 2022, y en dilucidar responsabilidades. Pero la pregunta persiste: ¿podrá la justicia avanzar con la prontitud que reclaman quienes sufren en el silencio? En un sistema donde la lentitud puede ser castigo, esta investigación será una prueba para que las instituciones no solo respondan, sino protejan a quienes denuncian sin miedo ni demora.
