¿Persecución o prevención?
El eco de pasillos y plazas se ha encargado de filtrar la incertidumbre que hoy envuelve a Barrancabermeja. Este jueves 13 de noviembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación decidió suspender provisionalmente al alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez por tres meses. La razón: presunta participación indebida en actividades políticas en plena vigilia de unas elecciones nacionales que prometen ser decisivas.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular sostuvo que esta medida busca preservar la transparencia en el proceso electoral de 2026, evitando que el dirigente municipal influya indebidamente en los comicios. ¿La base? Indicios sólidos que apuntan a la actuación activa de Vásquez Gómez en la campaña de su esposa, Laura Cristina Ahumada García, quien aspira al Senado para el cuatrienio 2026-2030. La Procuraduría ha documentado su presencia en actos proselitistas, publicaciones en redes sociales y el uso de símbolos ligados a la candidatura durante actividades oficiales, lo que no solo haría evidente un manejo parcializado del poder público, sino también un posible abuso del mismo.
En la madrugada de la decisión, la Procuraduría aplicó el test de proporcionalidad y razonabilidad sobre la pertinencia de la suspensión, concluyendo que era una medida necesaria y adecuada para evitar cualquier interferencia irregular mientras la investigación avanza. La suspensión, iniciada el pasado 23 de octubre, mantiene al alcalde alejado de sus funciones por tres meses, un tiempo en que se busca evitar que la máxima autoridad local utilice su posición para influir en la contienda tanto local como nacional.
Sin embargo, en las horas siguientes, Jonathan Vásquez rechazó con vehemencia las acusaciones. Para él, se trata de una “persecución política” que no solo lo aparta de su responsabilidad, sino que también pone en jaque la estabilidad institucional de la ciudad. A través de comunicados públicos, anunció que agotará todas las vías legales, incluido el recurso de reposición ante la Procuraduría, e incluso no descarta llevar su caso a instancias superiores.
Este episodio abre interrogantes sobre los límites entre la actividad política y el ejercicio del poder público en el marco de unas elecciones que, año tras año, aumentan su complejidad. ¿Hasta qué punto puede una autoridad local participar en campañas electorales vinculadas a su entorno familiar sin vulnerar los principios éticos y legales? ¿Será esta suspensión un llamado para prevenir el uso indebido de recursos y cargos, o un instrumento que desgasta sin resolver?
Mientras tanto, Barrancabermeja observa con atención este episodio que pone sobre la balanza la transparencia democrática y las tensiones políticas que rara vez se apagan, incluso cuando las urnas aún están lejos. ¿Podrá la justicia y la política zafarse de estas sombras? El tiempo y la respuesta institucional lo dirán.
