📸 Imagen cortesía tomado de video difundido redes sociales
## ¿Jardines con tinta negra?
Este sábado 9 de agosto de 2025, el pulcro escenario de la administración pública en Medellín se vio oscurecido por una sentencia que remece las raíces mismas del cuidado ciudadano.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a dos personajes clave en el mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad durante la era del exalcalde Daniel Quintero: Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques.
El motivo: una prórroga sin justificación clara a un contrato firmado en noviembre de 2020, por 5.226 millones de pesos, que debía durar apenas hasta febrero de 2021 y fue extendido hasta junio de ese mismo año. Para la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, esta ampliación atropelló los principios de economía y eficacia, configurando una falta gravísima cometida con culpa también grave.
Urrego y Liévano, responsables de la gestión y ejecución del contrato de conservación de las zonas verdes, vieron cómo la confianza institucional se resquebrajaba lentamente bajo el peso de una decisión que apunta a la irregularidad en el manejo del dinero público. Desde Medellín, capital de Antioquia, la sentencia encendió las alarmas sobre la transparencia en la administración municipal.
Sin embargo, el fallo es apenas de primera instancia y aún puede ser apelado. La ciudadanía observa expectante, mientras la sombra de la desconfianza se extiende sobre lo que parecía un simple contrato de jardinería. ¿Será esta sanción suficiente para reparar el daño? ¿O acaso se trata solo de un episodio más en el largo camino para aclarar cómo se maneja el cuidado del espacio público?
Porque en el fondo, no solo se trata del verde de los jardines, sino del verde del erario, que, cuando se dilapida, deja un vacío difícil de llenar.
