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¿Inhabilidad a medias?
En la mañana del 4 de agosto de 2025, el eco de una sanción resonó tardíamente en Medellín. Jaime Enrique Gómez Zapata, hasta hacía poco subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) en esta ciudad, se desligó oficialmente de su cargo. La razón: una inhabilitación por cinco años impuesta por la Procuraduría General de la Nación, que le encontró responsable de irregularidades administrativas al frente del Dagran, en Antioquia, desde 2020, en tiempos de pandemia.
La historia, sin embargo, tiene matices inquietantes. La Procuraduría dictó la sanción en primera instancia el 30 de abril de 2025 y la ratificó casi tres meses después, el 25 de julio. Pero Gómez Zapata siguió en su puesto en el DAGRD durante cerca de diez días tras la sentencia firme, hasta renunciar el 4 de agosto. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, admitió que la administración nunca fue notificada oportunamente de la medida y pidió a la Personería Distrital esclarecer cómo fue posible que un funcionario inhabilitado permaneciera en funciones.
El fondo del caso remite a 2020, cuando Gómez Zapata lideraba el Dagran bajo la gobernación de Aníbal Gaviria. La Procuraduría concluyó que hubo culpa grave en la supervisión de un contrato para entregar kits alimentarios a población vulnerable, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. En particular, el director aprobó la liquidación del contrato con la Fundación SACIAR sin detectar irregularidades graves: pagos indebidos y tercerización total del trabajo. Estos actos provocaron un daño patrimonial avaluado en 596 millones de pesos.
Más allá de cifras y fechas, queda un vacío de control y transparencia que afecta el entramado institucional. ¿Cómo pudo dilatarse la salida de un funcionario cuya inhabilidad ya estaba ratificada? ¿Qué lecciones quedan para evitar que la protección de lo público se fracture en momentos críticos? Mientras tanto, Medellín espera respuestas y una gestión sin sombras que honre su nombre.


