En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación ha decidido sancionar con destitución e inhabilidad general por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y por 20 años al exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. Esta medida se toma en respuesta a la adquisición irregular de 40 carrotanques, destinados al abastecimiento de agua potable en el departamento de La Guajira, cuyo costo superó los $16 mil millones, representando un sobrecosto del 54 % respecto a los precios del mercado.
La Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 determinó que ambos funcionarios participaron activamente en la actividad contractual que perjudicó el patrimonio público. En particular, se comprobó que Olmedo López suscribió la ratificación de la orden de proveeduría, elaborada por Pinilla, y autorizó el pago al contratista, lo que resultó en un significativo detrimento de los recursos públicos. Por su parte, Pinilla fue señalado por omitir que las cotizaciones recibidas excedían ampliamente los precios de mercado y por avalar el pago de valores sin considerar los evidentes sobrecostos.
Además, la Procuraduría destacó que Sneyder Pinilla certificó haber recibido los 40 vehículos a satisfacción, a pesar de que estos no fueron utilizados para los fines previstos en la respuesta humanitaria establecida por el Decreto 2113 de 2022. Esto demuestra un incumplimiento grave de su deber, ya que los carrotanques no cumplieron con su propósito de abastecer a la comunidad de La Guajira.
Finalmente, la entidad también sancionó al exsubdirector General, Víctor Andrés Meza Galván, con destitución e inhabilidad general por 10 años. Meza Galván fue responsable de rubricar la ratificación de la orden de proveeduría que facilitó el pago al contratista, participando así en la actividad contractual que afectó el patrimonio público. Su conducta fue calificada como falta gravísima por desatención elemental de sus deberes, evidenciando un grave desprecio por los principios de moralidad, eficacia y economía que deben regir la función pública.
