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La Procuraduría abrió investigación preliminar contra dos altos funcionarios del Ejército por presunta relación con disidencias de las Farc
En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación preliminar contra Wilmer Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional. La medida busca esclarecer su supuesta vinculación con alias ‘Calarcá’ y su grupo disidente de las Farc, según revelaciones dadas a conocer por medios nacionales este lunes 24 de noviembre.
Los hechos obedecen a la difusión de miles de documentos clasificados entre chats, cartas y correos que señalan un posible intercambio irregular de información confidencial del Estado hacia estructuras criminales lideradas por Alexander Mendoza Díaz, ‘Calarcá’, jefe del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las Farc. Entre 2023 y 2024, Mejía y Huertas habrían coordinado, incluso a través de empresas fachada de seguridad privada, la entrega de datos estratégicos, así como el apoyo logístico para movimientos autorizados de cabecillas buscados por la justicia.
“La propuesta podía implicar Crear una cobertura legal para actividades armadas a cargo de disidentes bajo empresas mixtas con oficiales del Estado”, explicó la Procuraduría, al citar, por ejemplo, una carta del 8 de febrero de 2024 que pautaba la creación de una compañía “mitad y mitad” ente oficiales y disidencias. Documentos adicionales sugieren encuentros de funcionarios con líderes criminales en Bogotá y Venezuela, uso de recursos oficiales y autorización para movilizar comandos con órdenes judiciales contra ellos.
El organismo disciplinario es responsable de validar estos objetos probatorios para determinar responsabilidades disciplinarias que puedan comprometer la seguridad nacional. El Ministerio de Defensa confirmó, también el lunes, el inicio de una investigación interna en el Ejército para profundizar en las denuncias recibidas. “Es necesario proteger la institucionalidad y garantizar transparencia en las investigaciones”, afirmó un vocero de la cartera.
Wilmer Mejía rechazó toda imputación y consideró las acusaciones un “montaje”, mientras que el general Juan Miguel Huertas no se manifestó públicamente hasta horas posteriores a esta publicación. Las autoridades insisten en respetar el derecho al debido proceso mientras avanzan las indagaciones.
Este nuevo caso aumenta la tensión en el sector defensa colombiano en medio de crisis recientes referentes a inteligencia y seguridad. Representantes de diversos sectores, tanto políticos como sociales, insisten en la necesidad de independencia y esclarecimiento total ante el posible involucramiento de altos mandatarios con organizaciones ilegales, que ponen en riesgo la seguridad del país. La Procuraduría y el Ministerio de Defensa subrayaron que vigilarán el seguimiento del caso y solicitaron a la comunidad colaborar con información que facilite la acción judicial respectiva.
