📸 Cortesía: Ejército y redes sociales
Procuraduría confirmó suspensión provisional de tres meses al general Juan Miguel Huertas y director Wilmar Mejía por presuntos nexos con disidencias de las Farc
La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional por tres meses al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia, por presuntos vínculos con la disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá. La medida fue adoptada el 23 de diciembre de 2025 para evitar que los implicados pudieran entorpecer la investigación disciplinaria.
El caso se originó tras el hallazgo de archivos digitales incautados a la estructura criminal, en los que se identificarían a Huertas y Mejía —alias El Chulo— filtrando información estratégica de la Fuerza Pública, entre ella códigos de radiofrecuencia. También señala la asesoría para la creación de una empresa de seguridad fachada que beneficiaba la movilidad armada de integrantes de estas disidencias con aparente legalidad.
Aunque Mejía fue suspendido, continúa como delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, en Medellín, participando activamente en decisiones de la institución. Frente a esto, el 6 de enero de 2026, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, exigió públicamente la salida inmediata de Mejía del órgano universitario, pues considera incompatible su permanencia con la medida disciplinaria vigente.
El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia y otros estamentos también respaldan la demanda y han expresado rechazo ante la continuidad de Mejía en dicha función. Por su parte, el Gobierno defiende a sus funcionaros y asegura que se trata de intentos por montar cadenas. Mientras esto ocurre, la crisis institucional se intensifica en próximas semanas, entre debates jurídicos y políticos que ponen en jaque la seguridad nacional y la relación de poder regional.
La comarca estudia medidas adicionales mientras se espera atención y un pronunciamiento formal del Ministerio Público sobre el futuro proceso. La ciudadanía y sectores académicos siguen vigilantes y piden claridad sobre esa sólida investigación discumplinaria y su impacto en Antioquia.
