📸 Imagen cortesía
¿Corrupción en la mira, o libertad en jaque?
En la encrucijada de una guerra que parece no dar tregua, el miércoles 23 de julio Kiev y otras ciudades de Ucrania se vieron sacudidas no por el estruendo de explosiones, sino por el clamor creciente de miles de ciudadanos. Jóvenes, mujeres, hombres: una multitud que tomó las calles para decir un rotundo “no” a una ley que amenaza con diluir la independencia de las instituciones anticorrupción.
Este mismo día, el Parlamento aprobó una reforma que, firmada luego por el presidente Volodímir Zelenski, otorga al fiscal general —un cargo designado directamente por el Ejecutivo— un poder inédito sobre las agencias más combativas contra la corrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Para la sociedad civil y organismos internacionales, este giro supone una renuncia preocupante al compromiso que Ucrania había logrado construir en años recientes, justo cuando la unidad y la transparencia son más necesarias que nunca.
Las protestas no tardaron en estallar. Desde la noche del martes, las plazas de Kiev se llenaron de voces que pedían la revocación de la ley. Para la jornada siguiente, decenas de miles marcharon con pancartas y consignas claras: “No a la corrupción disfrazada” o “Zelenski, escucha a tu pueblo”. En ciudades como Leópolis y Dnipró, la escena se repitió, en lo que muchos analistas definen como un despertar ciudadano en medio de casi cuatro años de conflicto bélico. “Esta ley es una desgracia. Si Zelenski no da marcha atrás, nosotros tampoco lo haremos”, confesó Slava, joven manifestante entrevistado en Kiev.
Detrás de este descontento está una reforma que afecta el núcleo de la lucha anticorrupción. Modificaciones al Código Penal conceden al fiscal general la facultad de supervisar directamente los casos que llevan NABU y SAPO, organismos que hasta ahora habían gozado de cierta autonomía para actuar con independencia. Zelenski, por su parte, ha justificado la medida en la necesidad de blindar las instituciones frente a infiltraciones rusas, señalando que el Estado debe protegerse de amenazas internas durante un momento crítico de guerra. Respaldó públicamente recientes redadas del Servicio de Seguridad de Ucrania, que algunos observadores ven más como un intento por controlar que por esclarecer.
Así, la ciudadanía enfrenta un dilema: ¿es esta ley un paso necesario para consolidar la seguridad del país o un retroceso que erosiona las bases de transparencia en un momento en que son más frágiles? Mientras las calles siguen palpitando con el eco de las protestas, la pregunta permanece flotando con más fuerza que nunca. ¿Podrá Ucrania mantener su lucha anticorrupción sin sacrificar sus aspiraciones democráticas en plena tormenta?
