Un revuelo de corrupción ha sacudido al principal proveedor de tintas de seguridad para impresión de billetes del Banco de la República. La multinacional suiza SICPA S.A., que ha sido suministradora de tinta durante los últimos 50 años, se encuentra bajo investigación desde 2020 por supuestas «deficiencias organizativas entre 2008 y 2015».
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SICPA S.A., autodenominada como un «proveedor de seguridad de confianza y asesor para gobiernos, bancos y casas de impresión de alta seguridad», ha sido objeto de atención por parte de la Oficina del fiscal general de Suiza (OAG). La OAG ha impuesto una sanción a SICPA S.A. que asciende a más de 398.000 millones de pesos (equivalentes a más de 89 millones de dólares).
Las repercusiones legales se han extendido también a un exgerente de ventas de la compañía, quien ha sido condenado a 170 días de cárcel condicional. Sin embargo, el proceso judicial contra el Gerente General y accionista mayoritario de SICPA S.A. ha sido suspendido debido a la falta de causas justificables que respalden la acción legal.
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El Banco de la República ha manifestado que la OAG impuso la sanción a SICPA S.A. debido a las «deficiencias encontradas dentro de la organización relacionadas con las medidas necesarias y razonables para prevenir incumplimientos de la ley suiza por parte de los empleados de la empresa en algunos países».
En respuesta a estos acontecimientos, el Banco de la República ha colaborado con la Fiscalía, proporcionando la información requerida por las autoridades suizas desde el año 2020. Además, el Banco ha anunciado que están analizando las implicaciones legales de la condena impuesta a SICPA S.A. y que tomarán las medidas necesarias en caso de ser requeridas, en línea con su política de «cero tolerancia» hacia la corrupción, como establece su Código de Conducta.
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