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El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia enfrenta cuestionamientos legales que podrían derivar en su nulidad. El Gobierno colombiano fijó un alza del 23,7%, lo que deja el sueldo en 1.750.905 pesos mensuales, más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, pero este decreto se publica en medio de un debate jurídico y social en el país.
El decreto fue emitido a finales de diciembre de 2025 y entró en vigencia desde el 1 de enero de 2026. La resolución surgió tras el fracaso en la comisión tripartita de concertación salarial, mediante una decisión directa del Ejecutivo. Organizaciones gremiales como la Andi y el Consejo Gremial Nacional rechazaron el aumento, argumentando que genera un gasto fiscal superior a nueve billones de pesos y pone en riesgo el empleo formal en mitad de una emergencia económica, conflicto que mantiene viva la polémica frente al monto escogido y su conveniencia.
El debate sí incluso podría ir más lejos. Un precedente determinante proviene del Consejo de Estado, donde en 2017 la Sección Segunda declaró nulo el decreto que subió el salario para 2016, luego de cuestionar que no se justificaban suficientemente variables exigidas por la ley, como la inflación, la productividad o el impacto en el empleo. La nulidad en esa ocasión aplicó prospectivamente, para exigir mayor rigor técnico sin afectar los pagos salariales ya hechos.
La posibilidad de impugnar el reciente decreto para 2026 se vuelve real tras las advertencias de reconocidos expertos por la superficie legal del tema, que difiere entre la aprobación del monto total o la técnica administrativa detrás. El economista y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el incremento como “carente de sensatez económica” y sugirió demandar ante el alto tribunal. Entretanto, analistas recuerdan que, a diferencia de aquel fallo de 2017, el Gobierno apoyó la nueva subida con datos del DANE y elementos técnicos variados, que podrían sostenerlo jurídicamente.
El consejo nacional requiere al Ejecutivo justificar exhaustivamente el cálculo con base en modelos referentes a inflación, productividad y empleo para mitigar riesgos de revocatoria en plan contencioso. Hasta finales de diciembre no se reportan demandas formales contra el incremento, pero las autoridades y ciudadanía mantienen atento el caso. La reflexión sobre el salario mínimo trasciende lo netamente económico: recuerda la necesidad de ir acompañado de argumentos técnicos indiscutibles.
La recomendación a la población y organismos encargados es monitorear nuevas decisiones judiciales y prudencia frente al cumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de este ajuste decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.
