¿Hasta cuándo el silencio ante los salarios dorados?

Un nuevo capítulo de frustración se escribió el miércoles 28 de mayo de 2025 en la plenaria del Senado de la República, cuando una vez más se hundió el proyecto de ley que pretendía reducir el salario de los congresistas colombianos. La propuesta buscaba poner un freno a unas remuneraciones que hoy superan los 52 millones de pesos mensuales, en un país donde la mayoría de la población atraviesa serias dificultades económicas.

El proyecto, liderado por los senadores Iván Cepeda y María José Pizarro, naufragó por la falta de quórum decisorio: numerosos legisladores optaron por abandonar el recinto o declararse impedidos, impidiendo la votación antes del cierre del periodo legislativo. “Hoy, a pesar de que con una proposición logramos subirlo al primer lugar del orden del día, una lluvia de impedimentos y el abandono del recinto de muchos senadores acabó con el quórum”, denunció Iván Cepeda a través de su cuenta oficial en la red X.

La iniciativa proponía que ningún congresista pudiera recibir más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una cifra notablemente inferior al promedio actual de más de 37 salarios mínimos que ganan estos funcionarios. Sin embargo, este intento de ajuste salarial fue bloqueado bajo el argumento de ser una medida “populista”, según los propios impulsores del proyecto que lamentan la dilación de una discusión necesaria.

La paradoja se acentúa en un contexto donde, mientras se pospone cualquier revisión salarial para el Congreso, desde mayo entró en vigor un incremento del 7% para todos los empleados públicos. Este ajuste elevó el ingreso mensual de los legisladores a más de 52 millones de pesos, profundizando la brecha con el ciudadano común y sembrando más dudas sobre la disposición real de la clase política para renunciar a sus privilegios en tiempos difíciles.

¿Puede una democracia avanzar cuando la representación pública se resiste a cualquier medida de austeridad que implique menos ganancias? La ciudadanía observa con creciente escepticismo, y la pregunta queda en el aire: ¿cuánto más se tolerará este vacío ético en plena crisis social? Mientras tanto, la discusión vuelve al limbo, y el privilegio continúa blindado.