📸 Imagen cortesía Javier Nieto
¡Sangre y ruedas en La Alpujarra!
Este junio de 2025, Medellín fue escenario de una polémica que va más allá de la plaza y sus discursos. En la céntrica plazoleta de La Alpujarra, bajo el llamado “tarimazo” que encabezó el presidente Gustavo Petro, estalló una controversia nacional sobre quién realmente financió el transporte masivo para los manifestantes que allí confluyeron.
La Fiscalía General, en una audiencia en agosto, desnudó con pruebas de inteligencia el presunto involucramiento de “Los del Alto”, un grupo criminal asentado en Aranjuez, que habría alquilado o facilitado los buses para el despliegue de cuerpos en el acto. Este clan, vinculado con “La Terraza” y representantes de la mesa de paz de Itagüí, no solo apoyó logísticamente sino que celebró con una fiesta local el mismo día, evidenciando una coordinación fina, quizás para demostrar su fortaleza territorial.
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, alzó su voz con una carga contundente en X: acusó directamente al presidente Petro de ser “el mejor aliado de los peores criminales”, afirmando que “las bandas pagaron el transporte” y que el dinero invertido estaba “manchado de sangre”. Para Gutiérrez, no se trató solo de una movilización política sino de un acto destinado a intimidar y mostrar poder, una intención que —asegura— no logró su objetivo.
Pero, ¿qué significa para la ciudad esta convergencia de política y crimen? ¿Hasta dónde llegan las influencias, y quién realmente mueve las ruedas del poder en Medellín? La ciudadanía observa con atención, mientras la Fiscalía avanza entre sombras y silencios. En este cruce de intereses, la línea que separa protesta y manipulación se dibuja cada vez más borrosa.
¿Podrá la verdad emerger limpia de tanto barro y ruido? La ciudad, su gente y sus instituciones tienen una deuda pendiente con la claridad. Por ahora, el eco de esa controvertida tarde persiste, como una herida abierta bajo el sol de Medellín.
