Yimicorrea, CC BY-SA 3.0
Gobierno y Contraloría difieren sobre sostenibilidad financiera de universidades públicas
En las últimas horas, la Contraloría General de la República reportó que 33 de las 34 universidades públicas en Colombia no son autosostenibles, generando inquietud en las entidades gubernamentales ante la crisis financiera del sector universitario.
El informe señala que el 97 % de estas instituciones depende fundamentalmente de transferencias estatales y no logra cubrir sus gastos con ingresos propios. La Universidad Nacional enfrenta el mayor déficit, con 764.220 millones de pesos, mientras la Universidad de Sucre pierde más de dos pesos por cada peso recibido. Adicionalmente, el pasivo pensional acumulado ascendió a 10,3 billones de pesos en 2024. Las declaraciones indican también marcadas inequidades, pues los ingresos por estudiante fluctúan entre 525.000 y más de 11 millones de pesos, concentrando el 48 % de los recursos en solo cuatro universidades.
“El informe no considera proyecciones relevantes del pasivo pensional ni reconoce las inversiones en gratuidad de matrículas que desde 2023 han beneficiado a más de 900.000 estudiantes, lo que ha permitido mitigar presiones financieras” explicó el Ministerio de Educación, que enfatizó la necesidad de entender que las universidades públicas presentan un modelo financiado también con recursos estatales como garantía del derecho fundamental a la educación. Las reformas a la Ley 30 de 1992, aprobadas en diciembre de 2025, reflejan dicho planteamiento precisamente.
El debate tuvo lugar en Bogotá durante enero de 2026 y evidencia fuertemente la contraste entre la Contraloría, que alerta sobre el peligro para la autonomía universitaria, y el Gobierno, que resaltó inversiones cercanas a 15 billones de pesos entre 2023 y 2026 y la ejecución de 120 proyectos de infraestructura con montos superiores a 2,2 billones en distintas regiones del país. Según la ministra Gloria Elizabeth Rodríguez, esta reforma representa una “revolución financiera” al modificar los ajustes por inflación usando un Índice de Costos de la Educación Superior ligado al crecimiento económico, con una meta de alcanzar el 1 % del PIB en educación pública para el año 2040.
“Acordamos que hay que repensar el modelo para lograr sostenibilidad Mercedes, equilibrio y fortalecer el sector”, agregó Rodríguez al invitar a comunidad académica y organizada a acompañar el proceso. La Secretaría de Hacienda confirmó que el aumento presupuestal se logró sin creación de nuevos impuestos. En este momento se sigue monitoreando la implementación de las medidas y se recomienda que el país mantenga vigilancia activa sobre la financiación pública formativa para asegurar la continuidad de la educación superior al alcance de todos.
