📸 Cortesía: Ovidio González – Presidencia de Colombia
Rechazo unánime de gremios empresariales a declaratoria de emergencia económica en Colombia
En las últimas semanas, gremios empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Anif, Fenalco, Camacol y Andeg rechazaron la declaratoria de emergencia económica emitida por el Gobierno nacional el 19 de diciembre de 2025. La medida busca enfrentar un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos tras la suspensión de la ley de financiamiento, situación que ha generado controversia en el sector privado.
Solo en agosto pasó a presentación oficial ante el Congreso el decreto firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el que se intenta cubrir el agujero en el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en 546 billones de pesos. Para los gremios, el déficit equivale a solo el 2,9 % del presupuesto total y cruza lo constitucional al usurpar funciones legislativas. “No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de Andi, quien solicitó a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto mientras persiste la vacancia judicial para evitar daños en la economía nacional.
Alejandro Castañeda, presidente de Anif, calificó la declaración como “fabricación de una crisis para poder declararla emergencia”, exhortando en cambio a realizar recortes en el gasto público ordinario. Por su parte, Camacol advirtió que la fragilidad fiscal está asociada a causas estructurales conocidas y que es preferible recurrir a la reprogramación presupuestal. Andeg se unió cuestionando la legalidad del decreto y los efectos adversos para sectores clave, como el energético, afectados además por nuevos impuestos.
Ante estas críticas, el presidente Gustavo Petro salió a redes sociales para rechazar el señalamiento y defendió los incrementos en impuestos para quienes “tienen mayor capacidad económica”. La disputa planteó un duro debate sobre la legalidad y necesidad de la medida en una coyuntura marcada por desequilibrios fiscales, deudas en salud y riesgos en subsidios energéticos.
Desde el Gobierno insisten en que estos recursos serán volcados fundamentalmente a la protección de derechos fundamentales, las transferencias a poblaciones vulnerables, ayudas a las Fuerzas Militares y mantenimiento de subsidios áticos en zonas del Caribe. Mientras tanto, la Corte Constitucional evalúa las solicitudes de los gremios para revisar el decreto, que ha abierto una brecha entre el poder ejecutivo y el sector productivo del país.
La evitación de una emergencia constitucional es clave para garantizar estabilidad económica y legal. La Alcaldía hace un llamado a la prudencia financiera y al diálogo constructivo entre Gobierno y gremios para hallar consensos que mitigen la crisis fiscal sin afectar a los ciudadanos. Se aguarda el fallo definitivo de la Corte para los próximos días.
