📸 Imagen cortesía: Procuraduría Nacional
¿Infancia a sangre y fuerza?
Este martes 9 de septiembre de 2025, en Bogotá, durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el procurador general Gregorio Eljach lanzó un llamado urgente: el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados es “un crimen de lesa humanidad que nos avergüenza como nación”. Exigió con vehemencia que la protección y recuperación de los derechos de estos niños sean innegociables en cualquier mesa de diálogo con actores armados.
Entre enero y junio de este año, la Defensoría del Pueblo reportó 55 casos nuevos de reclutamiento infantil en Colombia. De ellos, 29 afectaron a niños y adolescentes varones y 26 a niñas. Estas cifras se suman a los ya alarmantes 578 casos de todo 2024, reflejando una tendencia que no cede, sino que se profundiza. Las comunidades indígenas son las más golpeadas: 35 de los 55 casos recientes se registraron en sus territorios, especialmente en departamentos como Cauca, Meta y Guaviare, zonas marcadas por combates y desplazamientos forzados en la disputa por el control territorial.
El reporte de ONU Derechos Humanos aporta un matiz aún más sombrío: en el primer trimestre de 2025 se verificaron 51 casos de niños y adolescentes reclutados o usados en el conflicto armado, incluyendo poblaciones vulnerables como indígenas y migrantes venezolanos. Estas víctimas son trasladadas a la fuerza entre regiones y obligadas a ejecutar actos violentos o tareas de inteligencia y apoyo logístico. Resistirse generalmente conlleva amenazas severas, castigos y, en ocasiones, la muerte.
El modus operandi de los grupos armados se ha diversificado. Además de la coerción directa en zonas rurales, ahora utilizan hábilmente las redes sociales —TikTok y Facebook, entre otras— para seducir y captar a menores, donde las fronteras entre la realidad y la manipulación se diluyen. Este fenómeno inscribe un drama social profundo: la infancia es arrebatada de sus entornos, convertida en actor involuntario de un conflicto que desgarra la tejido social.
Mientras las autoridades insisten en que la emergencia debe ser prioridad absoluta en las negociaciones, la pregunta persiste en el aire: ¿cómo se logrará proteger a la niñez cuando las armas y el reclutamiento parecen anidarse en las sombras de cada rincón rural y digital? La nación observa, incómoda, la persistencia de un ciclo que erosiona la esperanza de generaciones enteras. ¿Podrán los compromisos de hoy revertir este sombrío escenario? El tiempo, y la voluntad política, lo dirán.
