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Reforma pensional queda en manos de conjuez tras empate en la Corte Constitucional
La Corte Constitucional dejó en empate 4–4 la decisión sobre la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional del Gobierno Petro, en la sesión del 24 de noviembre de 2025. Tras la recusación del magistrado Héctor Carvajal, por presuntos conflictos de interés relacionados con Colpensiones, el legado del fallo pasó al conjuez Carlos Pablo Márquez, designado para emitir el voto definitivo.
Solo ocho magistrados de la Sala Plena fueron participes de la votación debido a la salida de Carvajal, tras acoger siete magistrados la recusación planteada por la senadora Paloma Valencia que denuncia vínculos previos. Los votos a favor de declarar inexequible la ley provinieron del presidente Jorge Enrique Ibáñez y tres magistrados más, mientras que la defensa de la Ley penal contó con el respaldo de otros cuatro juristas que apoyaron el modelo de sistema de pilares presentado por el Ejecutivo.
Carlos Pablo Márquez, vinculado a prestigiosas universidades internacionales como Oxford y Harvard, ve una de las responsabilidades judiciales más relevantes al asumir la función de conjuez, prevista para suplir la ausencia o empates en este alto tribunal. Márquez tiene amplia experiencia en regulación económica y ha liderado organismos clave en el país como la Superintendencia de Competencia.
El proyecto fue aprobado en Congreso luego de subsanar objeciones sobre el trámite que evidenciaron irregularidades en la Cámara de Representantes entorno a la falta de debate de un texto crucial para los plazos legislativos. La coyuntura jurídica de la definición toca al sistema pensional que afecta a millones de colombianos y que afronta críticas y debates en el aspecto político y técnico del país.
Por el momento, la Corte no ha establecido plazo para el pronunciamiento final, que será crucial en materia de política social y económica. Mientras tanto, la sociedad y los entes oficiales monitorean con atención esta reparación jurídica.
La oposición y sectores protagonistas hacen un llamado a esperar las definiciones oficiales y a vigilar posibles repercusiones en la operatividad del sistema de seguridad social en mente institución.
