📸Cortesía: Cámara de Representantes.
¿OTRA VUELTA EN LA ENCRUCIJADA PENSIONAL?
La Cámara de Representantes de Colombia enfrenta este junio de 2025 un remezón político y jurídico que retrasa la tan esperada reforma pensional. La Corte Constitucional ha ordenado repetir la última votación del proyecto, celebrada meses atrás, para corregir un vicio de trámite que ha sacudido el calendario legislativo y pone en suspenso la entrada en vigencia de la reforma.
El pasado 17 de junio, la Corte hizo pública su decisión de anular y exigir una nueva votación en la Cámara -instancia final para la aprobación del texto- debido a irregularidades en el procedimiento. La controversia se centra en una proposición sustitutiva que no fue debatida en profundidad, violando el debido proceso parlamentario. Así, el mecanismo legal fuerza a que se retrase la entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2025, a la espera de que se subsanen estos fallos en un plazo límite de 30 días hábiles, aplicando un debate y votación en sesiones extraordinarias programadas por el gobierno tras concluir las sesiones ordinarias el viernes 20 de junio.
Este revés pone bajo presión al Congreso y al Ejecutivo, que habían impulsado la reforma como el cambio más profundo al sistema pensional desde la Ley 100. Para el presidente Gustavo Petro, sin embargo, la situación es una ventana de oportunidad. A través de sus redes sociales afirmó que la decisión judicial «salva la reforma pensional», celebrando el papel decisivo de la Cámara en los procesos sociales de su mandato. Pero la reapertura del proceso no solo prolonga la incertidumbre sino que abre la puerta a que diputados y senadores revisen artículos ya pactados en el Senado, con impactos potenciales en la estructura final del proyecto.
Entre los puntos que podrían ser objeto de nuevos debates destacan las medidas de discriminación positiva para grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos, así como los detalles del pilar solidario diseñado para ampliar los subsidios a pensionados más vulnerables. Estos temas tocan fibras sociales y políticas sensibles, que demandan un análisis minucioso más allá de frías cifras y plazos legales.
En medio de esta pausa forzada, la ciudadanía observa y pregunta: ¿Podrá el Congreso sortear las tensiones internas y cumplir con una reforma justa y definitiva? ¿O quedará plasmada esta disputa como otra muestra de dificultad institucional para avanzar en temas estructurales? Para ahora, la reforma pensional permanece en un limbo, a la espera de que la política y la ley vuelvan a encontrarse en el terreno de la deliberación y la legitimidad.
