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¿Nuevo pacto fiscal o carga impositiva?
Un lunes que promete cambiar las arcas del país.
Bogotá, 1 de septiembre de 2025. El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, presentó ante la Cámara de Representantes su ambicioso proyecto de Ley de Financiamiento, la última versión de la ya familiar reforma tributaria. Su meta: recaudar 26,3 billones de pesos para sustentar el Presupuesto General de la Nación en 2026 y sentar las bases de una estabilidad fiscal a mediano plazo.
Este entramado de 95 artículos propone cambios significativos en el IVA, el impuesto sobre la renta, tributos ambientales y nuevos gravámenes dirigidos a sectores y productos específicos. La medida no ha quedado exenta de controversia: mientras el gobierno habla de un pacto fiscal indispensable, los críticos advierten sobre la presión que estas medidas podrían ejercer en la economía y el bolsillo de ciudadanos y empresas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la iniciativa asegurando que la reforma es un esfuerzo para garantizar recursos sólidos para el próximo gobierno, sin importar quién lo lidere, con la mirada puesta en la estabilidad macroeconómica del país para los próximos cinco años. En sus palabras, “se trata de construir un gran pacto fiscal que atraviese administraciones y retos”.
Entre las reformas más sensibles se encuentra la ampliación del IVA, ahora extendido a productos básicos como café, arroz industrial, trigo, avena, aceites vegetales y pastas, gravados con una tarifa del 5%. Licores, boletas para espectáculos y conciertos, juegos de azar y ciertos parqueaderos quedarán bajo la tarifa general del 19%. Por primera vez, las iglesias deberán pagar impuesto de renta por sus actividades mercantiles, separando con claridad estas operaciones de sus ingresos religiosos.
En el frente personal, el tributo de renta para personas naturales se vuelve más progresivo: quienes perciban ingresos superiores a 84 millones de pesos anuales enfrentarán una tarifa marginal que alcanza hasta el 41%. Simultáneamente, los dividendos pagados a no residentes verán una retención del 30%. El sector financiero también se ajusta a nuevas tarifas, reflejando el esfuerzo estatal por ampliar la base contributiva.
Mientras la reforma avanza en su trámite legislativo, la incertidumbre y el debate público se intensifican. ¿Será este proyecto el cimiento de una estabilidad duradera o un peso que podría erosionar el crecimiento económico? La respuesta todavía está por escribirse en los próximos meses, mientras el país observa, con inquietud y expectativa, hacia dónde se dirige su futuro fiscal.
