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Reforma tributaria presentada por el gobierno Petro enfrenta rechazo en el Congreso
En las últimas horas, el gobierno de Gustavo Petro radicó la nueva reforma tributaria ante el Congreso de la República en Bogotá, con el objetivo de recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el Presupuesto General de la Nación en 2026. Sin embargo, la iniciativa ha generado rechazo contundente por parte de la oposición, que promete hundirla en el debate legislativo.
La propuesta, presentada el 1 de septiembre de 2025 por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, plantea modificar impuestos a la renta, patrimonio, carbono y al IVA, con aumentos para altos ingresos, el sistema financiero y grandes patrimonios. Además, incluye ajustes en el impuesto a combustibles, gravámenes a juegos de azar en línea, servicios digitales extranjeros y un aumento hasta del 50 % en la sobretasa a la renta de entidades financieras.
“El paquete fiscal nació muerto y es necesario hundirlo en el Congreso por segunda vez”, afirmó Juan Espinal, líder del Centro Democrático. Espinal también criticó la supuesta presión del Ejecutivo al condicionar la aprobación del presupuesto 2026 a la aprobación de esta reforma tributaria, calificándolo como una “estrategia de extorsión”. Enrique Cabrales, del Partido Conservador, se unió a este rechazo, advirtiendo sobre la dificultad para tramitar el presupuesto antes de la fecha límite del 20 de octubre.
Ante esta tensión política en plena precampaña y con menos de un año para el fin del mandato presidencial, la discusión sobre la reforma y el futuro fiscal de Colombia podría prolongarse. Las autoridades insisten en la necesidad de aprobar la reforma para garantizar la financiación pública, mientras la oposición advierte sobre la inviabilidad del proyecto.
La Presidencia y el Ministerio de Hacienda han llamado a la mesa de diálogo para buscar consensos, pero de momento la reforma tributaria enfrenta un panorama complejo en el Congreso que podría retrasar su aprobación. Se recomienda a la ciudadanía seguir la evolución del debate y atender las indicaciones oficiales sobre el impacto fiscal y social de la iniciativa.
