📸 Cortesía: La Razón / D.R.A.
El régimen de Nicolás Maduro excarceló a 87 manifestantes detenidos tras las protestas de 2024, aunque sin otorgar la absolución total a los procesados.
Las liberaciones se registraron en la madrugada del 1 de enero de 2026, principalmente en el penal de Tocorón, ubicado a una hora y media de Caracas. Los excarcelados son ciudadanos arrestados durante las movilizaciones que cuestionaron las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue declarado ganador sin la publicación de actas electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estos manifestantes habían estado detenidos por más de un año bajo acusaciones de terrorismo y sin garantías procesales, según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Más de 2.400 personas fueron detenidas tras las protestas, informó la Fiscalía venezolana. Familiares y organizaciones sociales califican la excarcelación como un avance producto de la movilización social, aunque advierten que las libertades concedidas son limitadas, pues persisten procesos judiciales abiertos, medidas cautelares y vigilancia estatal sobre los beneficiados.
Esta jornada se sumó a otra realizada el 25 de diciembre de 2025, cuando el gobierno dio libertad a 99 personas, aunque organizaciones no gubernamentales verificaron más de 60 liberados. Estas acciones reactivan la revisión de expedientes que permanecía paralizada desde marzo de 2025.
El Comité de Madres atribuye estas medidas a la constante presión de familiares y de la opinión pública, pero sostiene que no resuelven la crisis franco de derechos humanos en el país. Organizaciones como Foro Penal reportaban al 15 de diciembre de 2025 un total de 902 presos políticos todavía privados de la libertad, entre civiles, militares y menores de edad, y más de 10.000 personas bajo distintas restricciones. Desde 2014, se contabilizan más de 18.600 detenciones con connotación política.
En contraste, el Ejecutivo mantiene que no existen presos políticos, sino procesados por delitos graves, argumento que contradice el éxodo paulatino de liberaciones ante presiones nacionales e internacionales. Los comicios de 2024 desencadenaron una crisis postelectoral marcada por protestas masivas debido a irregularidades reportadas en votos y la falta de auditoría pública, calificada de fraudulenta por la oposición.
La Alcaldía y organizaciones defensoras hacen un llamado a la comunidad para monitorear vigilan malas prácticas y apoyar la defensa de los derechos constitucionales todavía comprometidos en Venezuela. También vigilan los procesos restantes y recomiendan la colaboración ciudadana para denunciar irregularidades.
