¿CONSULTA EN JAQUE?
Un pulso político en el alma de Colombia.
El jueves 12 de junio de 2025, nueve partidos opositores e independientes entregaron al registrador nacional, Hernán Penagos, una petición urgente para detener la aplicación del Decreto 0639 de 2025. Este decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, convoca a una consulta popular nacional, pero sus detractores acusan que se ha trazado una línea roja constitucional.
La solicitud, firmada por colectividades como Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Liberal y Nuevo Liberalismo, sostiene que el decreto carece de sustento jurídico y contraviene el orden constitucional colombiano. Según explican, el mandatario emitió el decreto tras el rechazo formal del Senado de la República el 14 de mayo, que negó la solicitud del Gobierno para una consulta popular, un requisito ineludible según el artículo 104 de la Constitución Política de Colombia y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015.
Los partidos advierten que si el registrador decidiera apoyar la ejecución del decreto, estaría en juego no solo la estabilidad democrática sino también un precedente institucional inquietante. En sus palabras, se trataría de permitir un acto administrativo “extralimitado” y sin respaldo legal que erosionaría la confianza en las instituciones. Por ello invocan el artículo 4 de la Constitución, que faculta la excepción de inconstitucionalidad, para solicitar que Penagos devuelva el decreto y se abstenga de ponerlo en práctica.
Desde la oposición, los argumentos jurídicos se hilvanan en torno a la supuesta vulneración del Estado Social de Derecho, del principio de soberanía popular, la separación de poderes, el debido proceso y la obligación del Gobierno de respetar el concepto previo del Senado. “La norma afecta de manera directa varios principios fundamentales”, sostienen en la misiva, un reclamo que trasciende lo legal y toca la raíz misma de la convivencia democrática.
Mientras tanto, en los despachos oficiales se guarda silencio o se alude a la necesidad de avanzar en las reformas propuestas sin permitir que los obstáculos desconcierten el rumbo. Sin embargo, la incertidumbre persiste: ¿será la consulta una expresión legítima de participación o un riesgo que amenaza el equilibrio institucional? Las respuestas deben nacer de la reflexión colectiva y de la capacidad de cada actor en respetar las reglas acordadas.
Así, en la encrucijada del poder y la ley, la ciudadanía observa expectante cómo se escribe un capítulo más en la compleja historia política de Colombia. El pulso entre decreto y representación, entre iniciativa presidencial y control legislativo, no solo desafía el presente: interpela el futuro democrático del país.
