📸 Cortesía: Registraduría
¿Logística en debate?
Este miércoles 9 de julio de 2025, en Bogotá, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia adjudicó un contrato por más de 2.1 billones de pesos a la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, encabezada por Thomas Greg & Sons. La misión: garantizar la logística para las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.
El contrato, uno de los más delicados del calendario electoral, se centra en la preparación del kit electoral: el diseño, impresión, empaque y distribución de formularios E-14, actas de mesas, tarjetas electorales con códigos de barras, esferos y demás materiales necesarios para que más de 1.100 municipios y los consulados colombianos en el exterior operen las mesas de votación. Es decir, un engranaje fundamental para la jornada democrática, aunque limitado explícitamente a la logística sin involucrarse en el conteo de votos ni en la manipulación de datos.
Esta aclaración surge tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde expresó su desconfianza en la transparencia del proceso electoral. En respuesta, el registrador nacional Hernán Penagos subrayó que el recuento corresponde a 700 mil jurados de votación, ciudadanos comunes seleccionados para custodiar las urnas. Posteriormente, jueces y notarios revisan y consolidan los resultados, asegurando una cadena de custodia robusta.
Sin embargo, la adjudicación no estuvo exenta de controversias. Aunque trece empresas presentaron ofertas en la licitación, la única unión temporal habilitada en la recta final fue la liderada por Thomas Greg & Sons, empresa con más de 14 años de experiencia en logística electoral. Esto avivó dudas en sectores de la opinión pública acerca de la competencia y transparencia del proceso.
La Registraduría insiste en que la confianza en la maquinaria electoral debe descansar no solo en los contratos multimillonarios, sino —sobre todo— en la vigilancia ciudadana y el rigor institucional. Pero, en un clima de tensión política creciente, la pregunta persiste: ¿podrá Colombia asegurar un proceso limpio y transparente, cuando la logística misma parece estar bajo la lupa? El calendario electoral avanza y el país observa con atención, entre expectación y escepticismo.
